Empresas ligadas al Estado contrataron a la consultora de la esposa de Adorni

Las investigaciones judiciales que rodean al entorno del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina, Manuel Adorni sumaron en las últimas horas un nuevo capítulo, después de que trascendieran detalles sobre la actividad privada de su esposa, Bettina Julieta Angeletti, titular de la consultora +BE, vinculada comercialmente con empresas proveedoras del Estado.

La información fue expuesta por el periodista Rolando Graña, quien reveló que la firma de Angeletti presta servicios de coaching ontológico y asesoramiento empresarial a compañías que mantienen contratos o relaciones comerciales con organismos estatales y empresas públicas.

Entre esas firmas aparece el Grupo Foggia, señalado como uno de los grupos empresarios interesados en avanzar sobre la futura privatización de Tecnópolis. Según se informó, la consultora +BE habría sido contratada para desarrollar tareas vinculadas a la “humanización de empresas”, una definición que comenzó a despertar interrogantes en medio de la investigación patrimonial que involucra al funcionario nacional.

También figura la empresa National Shipping, vinculada comercialmente con YPF, donde Adorni integra actualmente el directorio. A esa nómina se suma DATCO, compañía tecnológica que presta servicios para el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y Aeropuertos Argentina 2000, entre otros organismos y empresas con participación estatal.

Aunque hasta el momento no existen imputaciones formales ni procesamientos contra Adorni ni contra su esposa, la Justicia federal mantiene abiertas distintas líneas de investigación. Las actuaciones están a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y avanzan en paralelo con otras pesquisas que involucran al jefe de Gabinete.

Entre los posibles delitos bajo análisis aparecen presunto enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública, fraude contra la administración pública y abuso de autoridad.

En ese marco, el juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal ante ARBA para reconstruir movimientos patrimoniales vinculados a la compra y remodelación de una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

La causa también incluye el análisis de transferencias entre cuentas bancarias y billeteras virtuales relacionadas con el funcionario. Según trascendió, los movimientos bajo revisión podrían alcanzar cifras cercanas a los 100 mil dólares, aunque el monto definitivo todavía no fue determinado por los investigadores.

Además, en la reconstrucción patrimonial incorporada al expediente judicial aparecen bienes heredados tras la muerte del padre de Adorni. Entre ellos, un terreno del que el funcionario posee el 33 % y un departamento donde reside actualmente su madre.

Por ahora, la investigación continúa en etapa preliminar y sin resoluciones judiciales definitivas. Sin embargo, el entramado de contrataciones privadas vinculadas a empresas que mantienen relaciones con el Estado comenzó a quedar bajo la lupa de la Justicia y del debate político nacional.