El Senado avanza con una reforma de salud mental que habilita internaciones no voluntarias

El Senado de la Nación comenzó a avanzar en el tratamiento de una reforma a la Ley Nacional de Salud Mental que propone habilitar internaciones no voluntarias en determinados casos e incorporar formalmente las adicciones como una problemática de salud mental.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional y respaldada por La Libertad Avanza, ya atravesó tres reuniones informativas en un plenario de las comisiones de Salud y Legislación General, y en los próximos días podría obtener dictamen para ser debatida en el recinto.

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Uno de los principales cambios que plantea el proyecto es permitir internaciones involuntarias cuando exista “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”. Actualmente, la legislación vigente contempla este tipo de medidas únicamente en situaciones excepcionales.

Además, la reforma incorpora el consumo problemático de sustancias dentro de las políticas de salud mental y habilita la creación de dispositivos específicos de atención ambulatoria o de internación.

Otro de los puntos centrales del debate es el rol que tendrán los médicos psiquiatras dentro de los equipos interdisciplinarios. El proyecto establece como obligatoria su participación en diagnósticos, tratamientos e internaciones, otorgando mayor peso a la evaluación médica.

Durante las reuniones expusieron psiquiatras, psicólogos, abogados, especialistas, familiares y organizaciones sociales vinculadas a la salud mental y las adicciones, con posiciones divididas sobre el alcance de la reforma.

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La senadora Nadia Márquez defendió el proyecto y sostuvo que la actual ley presenta dificultades para intervenir a tiempo en situaciones graves.

“La salud mental no puede seguir esperando”, afirmó, y aseguró que la reforma busca “dar herramientas reales a las familias” y evitar desenlaces trágicos.

En contraste, referentes del ámbito académico y profesional cuestionaron algunos aspectos de la propuesta. Desde sectores de la psicología advirtieron que exigir obligatoriamente la firma de un psiquiatra podría representar un retroceso para el trabajo interdisciplinario y limitar la autonomía profesional.

El debate continuará en comisión mientras el oficialismo busca reunir las firmas necesarias para llevar el proyecto al recinto.