La Justicia Federal de Salta se encuentra en la etapa final de uno de los juicios por narcotráfico más importantes de los últimos años en la provincia. El fiscal federal Ricardo Toranzos solicitó penas de entre 3 y 16 años de prisión para siete integrantes de una organización narcocriminal hallada responsable del transporte de 334 kilos de cocaína en dos procedimientos realizados durante 2024.

Entre los acusados figuran efectivos de Gendarmería Nacional en actividad, exgendarmes y aspirantes a ingresar a esa fuerza. Según sostuvo la fiscalía durante el debate, los involucrados conformaban una estructura organizada que utilizaba conocimientos operativos adquiridos en el ámbito de la seguridad para trasladar droga y evitar controles en las rutas.

El pedido de condena fue formulado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta, integrado por la jueza Gabriela Catalano y los magistrados Domingo Batule y Diego Matteucci. Los acusados ya fueron declarados responsables penalmente y resta que el tribunal defina las penas.

Las condenas solicitadas

La fiscalía pidió 16 años de prisión para Richar Ariel Delgado, Gabriel Ruiz Apaza y Jonathan Leonel Ostapowicz, considerados coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en dos hechos distintos.

Para el exgendarme Adrián Emilio Escarlata solicitó una pena de 13 años de prisión por su participación en uno de los cargamentos investigados.

En el caso de Diego Hernán Delgado, cabo primero de Gendarmería Nacional destinado en el Destacamento Móvil 1 de Campo de Mayo, el fiscal consideró que correspondía una condena de 14 años de prisión por transporte de estupefacientes agravado y por su condición de funcionario público. Sin embargo, debido a un acuerdo de colaboración celebrado durante la investigación, requirió una reducción de la pena y fijó el pedido en 9 años y 6 meses de prisión.

Para Federico Rubén Batista y Francisco Agustín Flores, considerados partícipes secundarios de la maniobra, la fiscalía solicitó tres años de prisión de ejecución condicional.

Además de las penas de prisión, Toranzos requirió el decomiso de una vivienda ubicada en el barrio Municipal de Orán, identificada durante la investigación como el centro de operaciones de la organización. También pidió el decomiso de dos camionetas Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux utilizadas para el transporte de la droga y para tareas de apoyo durante los traslados.

Dos procedimientos que destaparon la organización

La investigación se inició a partir de dos importantes secuestros de cocaína realizados durante 2024.

El primero ocurrió el 19 de mayo en General Pizarro. Ese día fue detenido el cabo primero Diego Delgado cuando transportaba 303 kilos de cocaína ocultos en una camioneta Toyota Hilux que había partido desde Orán con destino final en Buenos Aires.

Según la acusación fiscal, la camioneta había sido aportada por Ostapowicz desde Misiones, mientras que Richar Delgado se encargó de financiar la operación. Batista tuvo a su cargo el traslado previo del vehículo para que posteriormente fuera utilizado en la maniobra.

El segundo procedimiento se concretó el 26 de octubre en el puesto de control de El Naranjo, en Rosario de la Frontera. Allí fue interceptado el exgendarme Adrián Escarlata, quien viajaba junto a su pareja en una camioneta Volkswagen Amarok donde se encontraron 31 kilos de cocaína ocultos dentro de una rueda de auxilio.

La investigación determinó que la droga había sido provista por Ruiz Apaza y que otros integrantes de la organización participaron en tareas de vigilancia y apoyo durante el recorrido.

Una investigación que avanzó sobre la estructura

Durante su alegato, Toranzos sostuvo que el caso permitió ir más allá de los procedimientos de flagrancia y avanzar sobre quienes organizaban, financiaban y coordinaban las operaciones.

El fiscal explicó que se aplicó una metodología investigativa orientada a reconstruir la estructura criminal a partir de los secuestros de droga. Para ello fueron fundamentales las pericias sobre teléfonos celulares, los análisis de geolocalización, las imágenes de cámaras de seguridad y la información obtenida mediante acuerdos de colaboración.

La fiscalía también destacó la intervención de la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo, del investigador Facundo Saravia y de distintas dependencias federales que colaboraron en la pesquisa.

"Los Peluches", el grupo donde coordinaban las maniobras

Uno de los elementos más comprometedores incorporados al juicio fueron los mensajes obtenidos de un grupo de WhatsApp denominado "Los Peluches".

Según la fiscalía, allí los integrantes de la organización coordinaban viajes, asignaban funciones, compartían instrucciones para ocultar la droga en vehículos y organizaban la distribución de ganancias.

Las conversaciones permitieron reconstruir la estructura interna de la organización y determinar los distintos roles de sus integrantes.

De acuerdo con la acusación, la droga era obtenida en el NOA y luego trasladada hacia provincias del NEA o hacia Buenos Aires. Para reducir riesgos, los miembros de la organización evitaban utilizar vehículos registrados en el norte del país y recurrían a camionetas adquiridas en otras jurisdicciones.

Entre los mensajes incorporados al expediente, los acusados hacían referencia a la actividad ilícita como una "empresa" y utilizaban expresiones vinculadas a una supuesta organización comercial para referirse a los cargamentos y a las ganancias obtenidas.

Gendarmes al servicio del narcotráfico

Durante el alegato, el fiscal sostuvo que uno de los aspectos más graves de la causa fue la participación de integrantes y exintegrantes de fuerzas de seguridad.

Según remarcó, los conocimientos adquiridos durante su formación fueron utilizados para facilitar las operaciones de narcotráfico y minimizar los riesgos de detección.

La fiscalía también hizo referencia a una caricatura secuestrada en la vivienda de Ruiz Apaza, donde los acusados aparecían representados alrededor de una mesa de juego junto a imágenes de reconocidos narcotraficantes internacionales, armas y símbolos vinculados al dinero.

Para Toranzos, la prueba reunida permitió acreditar la existencia de una organización estable, con distribución de funciones, capacidad logística y recursos destinados al transporte de grandes cantidades de cocaína.

Entre ambos procedimientos fueron secuestrados 334 kilos de droga, una cantidad que, según se expuso durante el juicio, tenía capacidad para producir más de dos millones y medio de dosis.

El Tribunal Oral Federal N° 2 dará a conocer la sentencia y las penas correspondientes en los próximos días.