La Agencia de Recaudación y Control Aduanero intimó a Matías Tabar, el contratista que declaró en la causa vinculada a las refacciones realizadas en la vivienda del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el country Indio Cuá, de Exaltación de la Cruz.

La intimación le exige al constructor justificar ingresos correspondientes a 2024 y 2025, detallar su facturación, informar la actividad desarrollada y precisar los trabajos realizados en la propiedad. También deberá aportar documentación sobre compras a proveedores durante ese período.

El requerimiento incluye otros puntos sensibles para la investigación fiscal. Según trascendió, ARCA pidió explicaciones por la adquisición de una camioneta valuada en 47 millones de pesos y de un automóvil por 4 millones, que luego habría sido vendido. Además, solicitó acreditar el origen de los fondos utilizados para la compra de dólares en 2024 y 2025, junto con documentación societaria.

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La medida se conoce en medio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni y luego de la declaración de Tabar ante la Justicia. El contratista había declarado que las refacciones en la casa del funcionario tuvieron un costo de 245 mil dólares, abonados en efectivo y sin factura.

De acuerdo con su testimonio, los trabajos se extendieron durante casi diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025, sobre una vivienda ubicada en un lote de 400 metros cuadrados. Las tareas habrían incluido colocación de pisos, arreglos en baño y cocina, construcción de mobiliario para el quincho y reparaciones en la pileta.

Tabar también sostuvo que recibió un anticipo de 55 mil dólares en 2024 y el saldo restante, de 190 mil dólares, durante 2025. En su declaración agregó que, mientras se realizaban las obras, Adorni habría alquilado otra vivienda dentro del mismo country, con un gasto adicional estimado en 13 mil dólares.

La diputada nacional Marcela Pagano cuestionó la intimación de ARCA y presentó una denuncia en la Justicia. Según planteó, la intervención del organismo recaudador sobre una persona que ya declaró como testigo podría afectar el avance de la investigación y generar temor en otros eventuales declarantes.

Pagano también señaló que ARCA depende del Poder Ejecutivo, por lo que pidió que se analice si la medida pudo tener algún efecto sobre la prueba testimonial. Su planteo apunta a determinar si existió algún intento de condicionar a quienes aportaron información en la causa.

Por ahora, la investigación sigue abierta y el contratista deberá responder al organismo recaudador dentro del plazo fijado. La documentación que entregue será incorporada al expediente tributario y podría tener peso en el desarrollo judicial del caso.