JV González: "Cuando Peres era parte del negocio, el “monopolio” de bebidas no le molestaba"

Sociedad29/07/2026

A una semana del Agosto Cultural y Religioso, Sebastián Peres puso en discusión el sistema de venta de bebidas que él mismo acompañó cuando participaba del sector privado. El actual presidente del Concejo Deliberante impulsa ahora una ordenanza contra la concesión exclusiva, la misma modalidad que no cuestionó cuando estaba vinculado al grupo adjudicatario en años anteriores.

El cuerpo legislativo aprobó la norma y pidió que comerciantes y puesteros puedan vender bebidas dentro del predio. Peres impulsó la iniciativa como una medida destinada a terminar con un monopolio y garantizar igualdad de oportunidades. El Ejecutivo municipal anticipó que la vetará porque fue sancionada cuando las inscripciones ya habían cerrado y no queda tiempo para completar las habilitaciones exigidas por la Provincia.

La controversia dejó al presidente del Concejo frente a una contradicción que excede cualquier diferencia administrativa: cuando formaba parte del negocio, el sistema no era denunciado como monopólico. Ahora, desde la conducción del Poder Legislativo local y fuera de aquella operatoria comercial, pretende cambiarlo sobre la hora, aseguran funcionarios del Gabinete Municipal de González.

Un sistema que Peres conocía desde adentro

Hasta 2023, los puestos instalados durante las fiestas patronales comercializaban alimentos y bebidas. Ese año, la Municipalidad incorporó una nueva modalidad: concesionó la venta de bebidas a un grupo privado que, a cambio de la exclusividad, aportaba dinero para cubrir parte de los gastos de la celebración cultural.

Pérez aparece vinculado al sector empresario que participó de aquella adjudicación. En ese momento no impulsó una ordenanza para repartir la venta entre todos los feriantes ni denunció que existiera un monopolio. La modalidad volvió a aplicarse en 2024. En 2025, ya sin la participación de Peres, se mantuvo el mismo esquema.

Este año la concesión volvió a formar parte de la organización. La diferencia es que Peres ocupa la presidencia del Concejo Deliberante y cuenta con el respaldo político del cuerpo para intentar prohibir el sistema que antes había acompañado.

En sus declaraciones públicas, sostuvo que la ordenanza busca impedir que una empresa tenga la venta exclusiva y asegurar una mayor competencia entre los emprendedores. También afirmó que la organización de las fiestas no puede resolverse de manera improvisada.

“Esto no tiene que ser de un día para el otro. Tiene que ser todo el año”, declaró al defender su posición. Sin embargo, el proyecto fue aprobado cuando faltaban pocos días para la festividad, con los comerciantes inscriptos, los expedientes iniciados y la distribución de los puestos en marcha.

La propuesta puede ser discutida y hasta incorporada para próximas ediciones, dijo Emilce Quintana en dialogo con el periodista Daniel Barboza por Radio Uno, funcionaria del Gobierno Municipal que conduce Juanilo Aguirre. Lo que Pérez todavía no explicó es por qué la concesión no representaba un problema cuando estaba ligado al sector adjudicatario y pasó a ser un monopolio después de quedar fuera de ese negocio.

Por qué la ordenanza es inviable para esta edición

Quintana, secretaria de Acción Social y responsable de la organización del Agosto Cultural, explicó que el municipio no rechaza la posibilidad de modificar el sistema. El problema, señaló, es que hacerlo ahora obligaría a incumplir normas provinciales o rehacer en pocos días un procedimiento iniciado con varias semanas de anticipación.

Las inscripciones comenzaron el lunes 20 de julio bajo los criterios utilizados durante las últimas cuatro ediciones. Cada emprendedor debía presentar una nota solicitando el espacio, DNI y certificado de residencia en Joaquín V. González. También debía adecuar su puesto a las condiciones de habilitación establecidas para el predio.

El certificado de residencia no es un requisito menor. Permite que los emprendedores locales queden exentos de los tributos municipales y que su inversión se limite a la compra de insumos y materia prima. La intención es que la recaudación obtenida durante la fiesta quede en manos de las familias que trabajan en los puestos.

La ordenanza del Concejo cambia esas condiciones porque habilita la venta de bebidas alcohólicas. Esa actividad requiere otros permisos, el pago de tarifas específicas y la presentación de un libro de antecedentes tramitado ante la Policía de Salta.

“Los costos para las habilitaciones no los establece el municipio. Hay una autoridad de aplicación establecida por ley, que es la Policía de la Provincia”, explicó Quintana.

El trámite demanda un plazo para que la fuerza emita la certificación correspondiente. Tampoco puede realizarse de manera automática para los cerca de 240 feriantes inscriptos. Cada expediente tendría que ser modificado antes de adjudicar los espacios.

El municipio no tiene facultades para eximir a los comerciantes de esas exigencias ni para impedir que la Policía realice verificaciones y controles dentro del predio. Una ordenanza local tampoco puede dejar sin efecto normas provinciales.

Por esa razón, Quintana insistió en que la imposibilidad no responde a una negativa política.

“No es porque lo pide el Concejo y no lo queremos hacer. Se deben cumplir normas que son públicas, de carácter provincial, y los tiempos no permiten hacerlo”, sostuvo.

La gratuidad no elimina todos los costos

Otro punto planteado durante la entrevista fue la condición gratuita y sin fines de lucro del Agosto Cultural. Esa característica puede reducir o eliminar determinados conceptos administrativos. Pero la situación cambia cuando se autorizan de manera masiva actividades comerciales, especialmente el expendio de bebidas alcohólicas.

Cada vendedor debe cumplir con las exigencias correspondientes, aunque el público no pague entrada. Las tarifas diarias, las habilitaciones, los antecedentes y los eventuales adicionales de seguridad recaerían sobre los emprendedores.

Quintana advirtió que esos costos contradicen el sistema de exención establecido para los vecinos de Joaquín V. González. Hasta ahora, los feriantes locales no pagan tributos municipales y pueden conservar la ganancia obtenida luego de recuperar lo invertido en mercadería.

También aclaró que el municipio no puede analizar la venta de bebidas como un elemento separado del resto de la fiesta. Una modificación de esa naturaleza puede alterar otras obligaciones relacionadas con seguridad, controles, derechos y habilitaciones.

El evento reúne actividades religiosas en honor a Santo Domingo de Guzmán, fortines gauchos, espectáculos, artistas, delegaciones y propuestas recreativas. Cada parte requiere contrataciones, alojamiento, comida, sonido, infraestructura y personal.

Cerca de 240 inscriptos para 100 lugares

La incertidumbre generada por la ordenanza ya obligó a modificar el cronograma. El sorteo de los puestos, que debía realizarse inicialmente el lunes, fue trasladado al miércoles 29 de julio, a las 16, en el microestadio.

Hay cerca de 240 emprendedores inscriptos, pero los planos habilitados contemplan alrededor de 100 espacios. Las instituciones educativas, sociales y culturales no ingresarán al sorteo porque recibirán adjudicación directa.

Los vecinos de Joaquín V. González estarán exentos de los tributos municipales. Los comerciantes provenientes de otras localidades deberán pagar las tarifas establecidas por la ordenanza impositiva de 2025.

La demora en el sorteo se produjo porque, si la norma impulsada por Pérez entrara en vigencia, el municipio tendría que revisar los requisitos y pedir las habilitaciones para la venta de bebidas antes de asignar los puestos.

El Concejo dejó sin tratar otra ordenanza

Quintana también expuso otra contradicción en la actuación legislativa. El Ejecutivo había enviado un proyecto para actualizar las tarifas que pagan los comerciantes provenientes de otras localidades, pero la iniciativa no fue tratada por el Concejo Deliberante.

Al no aprobarse esa actualización, el municipio deberá continuar aplicando los valores fijados en 2025. Esa es una de las pocas fuentes de recaudación vinculadas con los puestos, ya que los emprendedores locales están exentos.

El contraste es evidente: el Concejo no avanzó con una norma que permitía actualizar los ingresos municipales, pero sí aceleró una ordenanza que modifica la venta de bebidas y afecta uno de los mecanismos utilizados para financiar la celebración.

Una fiesta gratuita que necesita recursos

La Municipalidad mantiene desde hace años el criterio de no cobrar entrada. El argumento es social: una familia de cuatro o cinco integrantes difícilmente podría afrontar el costo de varios accesos, especialmente bajo las actuales condiciones económicas.

También se descartó cobrar un canon por el espacio a los emprendedores locales. La concesión de bebidas fue utilizada como una alternativa para obtener recursos sin trasladar el costo al público ni a los pequeños comerciantes.

El aporte realizado por el adjudicatario permitía afrontar parte del sonido, la infraestructura, la contratación de artistas y otros gastos. No cubría la totalidad de la celebración, pero ayudaba a sostenerla.

La ordenanza promovida por Pérez elimina esa fuente de financiamiento sin establecer con claridad cómo será reemplazada. Al mismo tiempo, obliga a cada feriante interesado en vender alcohol a afrontar habilitaciones y tarifas que hasta ahora no estaban contempladas en su inscripción.

El veto y la discusión que quedará para 2027

El Ejecutivo anticipó que vetará la ordenanza y explicará que su aplicación resulta imposible dentro de los plazos disponibles. Una vez devuelta al Concejo, los ediles podrán modificarla, insistir con su aprobación o comenzar a trabajar en un nuevo régimen para la edición de 2027.

Quintana afirmó que el municipio está dispuesto a discutir otra modalidad, siempre que se respeten los tiempos administrativos y participen las instituciones responsables de las habilitaciones y los controles.

La posibilidad de ampliar la venta de bebidas no está cerrada. Lo que se rechaza es hacerlo a pocos días de la fiesta, después de cerrar las inscripciones y cuando cientos de emprendedores ya presentaron documentación bajo otras condiciones.

Peres conoce esos procedimientos. Los conocía cuando integraba el sector privado vinculado con la concesión y debería conocerlos con mayor razón ahora que preside el Concejo Deliberante.

Por eso, la discusión no termina en la palabra “monopolio”. El presidente del cuerpo todavía debe explicar por qué aquello que aceptó cuando formaba parte del negocio se volvió urgente e inadmisible cuando dejó de participar.

La ordenanza puede esperar y ser debatida para el próximo año. La contradicción política de Pérez, en cambio, ya quedó expuesta.