Financiamiento universitario: el Gobierno busca revertir el ultimátum de la Justicia

El conflicto por el financiamiento de las universidades públicas vuelve a sumar un capítulo judicial. El Gobierno nacional busca revertir el ultimátum impuesto por la Justicia para avanzar con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras continúa la disputa por la recomposición de los salarios docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles.

El juez federal Martín Cormick había intimado al Poder Ejecutivo a cumplir, en un plazo de cinco días, con una medida cautelar que ya se encuentra firme. La resolución contempla la actualización salarial del personal universitario y la recomposición de las becas, y advierte que podrían aplicarse multas económicas diarias si persiste el incumplimiento.

Qué reclama la Justicia

La medida judicial está vinculada con la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria. En concreto, la cautelar ordena avanzar con lo establecido en el artículo 5° y el primer párrafo del artículo 6° de la norma.

Esto implica recomponer los salarios de docentes y no docentes de las universidades nacionales y actualizar los programas nacionales de becas estudiantiles de acuerdo con la inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley.

La Justicia ya había ratificado la vigencia de esta medida después de que la Corte Suprema rechazara el recurso presentado por el Estado nacional. Posteriormente, el expediente volvió a primera instancia para controlar su cumplimiento.

El Gobierno busca revertir la situación

En este escenario, el Ejecutivo intenta frenar las consecuencias del ultimátum judicial y sostiene su posición respecto de la aplicación de la ley y los recursos necesarios para financiarla.

La discusión se da mientras continúa abierta la negociación salarial con los gremios universitarios. Según informó Aries, las organizaciones sindicales reclaman una recomposición del 33,4%, mientras que la última propuesta del Gobierno fue un incremento del 3%, que fue rechazado por los representantes docentes.

El conflicto también derivó en nuevas medidas de fuerza. Los docentes universitarios anunciaron un paro de hasta 72 horas desde este miércoles 30 de septiembre, sujeto a la posibilidad de que el Gobierno cumpla previamente con la recomposición reclamada.

Un conflicto que sigue abierto

La disputa excede la discusión salarial. También alcanza al financiamiento general de las universidades públicas, las becas para estudiantes y los recursos destinados al funcionamiento del sistema universitario.

Mientras el Gobierno intenta modificar el escenario planteado por la Justicia, los gremios y las autoridades universitarias mantienen sus reclamos y ya confirmaron una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre.

Por ahora, el conflicto continúa abierto y suma tensión entre el Poder Ejecutivo, las universidades y la Justicia, con el financiamiento universitario nuevamente en el centro de la discusión.