El Comité de Gestión de Finca Las Costas solicitó al Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) que establezca controles para el otorgamiento de suministros eléctricos dentro del área protegida. El pedido busca que las conexiones contemplen las autorizaciones y exigencias ambientales de una reserva cuya cuenca abastece de agua potable a la población salteña.

Ubicada al oeste de la ciudad de Salta, Finca Las Costas comprende más de 10.000 hectáreas. La preocupación por las intervenciones sobre ese territorio está vinculada, entre otros factores, con el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas por el avance de construcciones en sectores sin red cloacal y con suelos permeables.

Según informó el Ministerio de Producción y Minería, la presentación ante el ENRESP forma parte de las acciones del Comité para reforzar la fiscalización. También se trabaja con la Municipalidad de San Lorenzo y organismos provinciales en la coordinación de controles y tareas de conservación.

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Sobre la reserva pesa una medida cautelar dictada en diciembre de 2020, a partir de un amparo ambiental presentado por la Provincia. La resolución ordenó suspender las obras en ejecución o próximas a ejecutarse y prohibió el ingreso de ganado. De acuerdo con la información oficial, en marzo de 2026 el Ministerio Público Fiscal confirmó que esas restricciones continuaban vigentes.

La causa tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Décima Nominación. Los riesgos derivados del crecimiento de las construcciones y su posible efecto sobre la calidad del agua fueron parte de los fundamentos de la decisión judicial.

El presidente del Comité de Gestión, Nicolás Zenteno Núñez, sostuvo que la conservación de Finca Las Costas es una obligación legal del Estado. Señaló, además, que el uso del suelo, las construcciones y las actividades dentro de la reserva deben ajustarse a las disposiciones ambientales y judiciales que rigen en el lugar.

El parte oficial también mencionó antecedentes por incumplimientos y operaciones con terrenos. En 2023 se iniciaron investigaciones por presunta desobediencia a la prohibición de nuevas obras y, en 2024, se dictó una condena por estelionato vinculada con la venta fraudulenta de tierras de Finca Las Costas.

La protección provincial de la reserva se estableció en 1995. Su función en el abastecimiento de agua y los riesgos de las intervenciones sobre la cuenca fueron abordados en estudios técnicos, entre ellos el Plan de Manejo de la Zona Baja de 2011 y el Plan de Seguridad del Agua de 2012, elaborado por investigadores del INENCO, la Universidad Nacional de Salta y el CONICET.