Por José Alberto Coria | Expresión del Sur

Perder una elección forma parte de la democracia. Aceptarlo, respetar la voluntad popular y seguir defendiendo las propias ideas desde el lugar que las urnas asignan es, precisamente, una de las responsabilidades que deberían asumir quienes deciden participar de la vida política.

Por eso, lo que ocurre en Brasil deja una pregunta incómoda: ¿qué mensaje recibe una sociedad cuando un dirigente derrotado busca abandonar el país en medio de una disputa electoral y de investigaciones judiciales?

No se trata de ser de izquierda o de derecha. Tampoco de simpatizar con Lula o con Bolsonaro. Se trata de comprender que la democracia no puede defenderse solamente cuando los resultados favorecen a quienes los invocan.

Flávio Bolsonaro perdió el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva el domingo 25 de octubre. La diferencia fue de varios millones de votos. Después del resultado, cuestionó la elección y manifestó su intención de impugnarla. Al mismo tiempo, medios internacionales informaron que habría viajado a Estados Unidos, pese a que debía entregar sus pasaportes por orden judicial. Su situación quedó atravesada tanto por la derrota electoral como por las investigaciones que enfrenta.

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Las circunstancias judiciales deben resolverse en los tribunales y cualquier acusación debe probarse. Pero la dimensión política de lo ocurrido merece otra reflexión: un dirigente puede cuestionar una elección por las vías legales, pero no puede pretender que las reglas democráticas sean válidas únicamente cuando gana.

Lula también conoció la derrota

La historia política de Lula ofrece un contraste que vale la pena recordar, más allá de las diferencias ideológicas que cada uno pueda tener con él.

Antes de convertirse en presidente, perdió elecciones presidenciales. En 1989, 1994 y 1998 no consiguió llegar al Palacio del Planalto. Sin embargo, continuó en Brasil, sostuvo su actividad política y volvió a presentarse ante los ciudadanos.

Su trayectoria tampoco estuvo exenta de conflictos. Fue encarcelado en 2018, en una causa por corrupción cuyas condenas fueron posteriormente anuladas por la Justicia brasileña. Tras recuperar sus derechos políticos, regresó a la competencia electoral y derrotó a Jair Bolsonaro en 2022.

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Se puede cuestionar su gestión, discutir sus ideas o rechazar su proyecto político. Todo eso forma parte de la libertad democrática. Lo que resulta difícil de ignorar es que su carrera estuvo marcada por derrotas y obstáculos que no le impidieron continuar disputando el poder dentro de las instituciones brasileñas.

No hace falta ser lulista para reconocer ese dato.

El voto no es una amenaza: es la regla

En América Latina, donde tantas veces las crisis políticas terminaron debilitando las instituciones, cada elección representa mucho más que una competencia entre candidatos. Es una oportunidad para resolver diferencias sin recurrir a la violencia, las presiones o el desconocimiento de la voluntad popular.

Quien gana tiene la obligación de gobernar para todos, incluso para quienes no lo votaron. Quien pierde tiene derecho a reclamar, denunciar irregularidades y recurrir a la Justicia si considera que existen fundamentos. Pero ambas partes deben reconocer que hay reglas comunes.

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Cuando un dirigente se retira de la escena nacional en circunstancias como las que rodean este episodio, la imagen que queda es preocupante. No necesariamente porque abandonar un país constituya por sí mismo una falta democrática, sino porque el contexto puede transmitir la idea de que las consecuencias de una derrota deben evitarse en lugar de afrontarse conforme a la ley.

Y esa es una señal que ninguna democracia necesita.

Una lección que también sirve para la Argentina

En nuestro país conocemos demasiado bien las tensiones que aparecen después de una elección. Gobiernos que terminan, dirigentes que pierden poder, oposiciones que cuestionan decisiones y sociedades que se dividen detrás de distintas identidades políticas.

Por eso, el debate brasileño también nos interpela. La democracia no puede depender del temperamento de un candidato ni de la conveniencia de una fuerza política. Debe sostenerse sobre instituciones capaces de garantizar elecciones transparentes, justicia independiente y respeto por los derechos de todos.

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No se le pide a un dirigente derrotado que renuncie a sus convicciones. Se le pide que las defienda sin desconocer las reglas que le permitieron competir.

La política necesita adversarios, no enemigos irreconciliables. Necesita dirigentes capaces de ganar sin creerse dueños del país y de perder sin considerar que el país les ha dado la espalda para siempre.

Porque el poder es transitorio. Los cargos terminan, las mayorías cambian y los ciudadanos vuelven a votar. Lo que debería permanecer es el compromiso con las instituciones.

La verdadera fortaleza de un dirigente no se demuestra solamente cuando gana, sino también cuando pierde. Y ninguna democracia sale fortalecida si sus protagonistas consideran que, cuando las urnas les dan la espalda, la salida es escapar en lugar de responder ante la sociedad y la Justicia.