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Tras dos años y tres meses de tareas investigativas, personal de la Fuerza logró identificar una estructura digital delictiva que consistía en atraer clientes mediante diferentes plataformas virtuales de apuestas. Se pudo constatar que no contaban con el certificado SSL (Secure Sockets Layer).

Si bien la medida fue aprobada con amplio respaldo, la iniciativa genera debate en torno a la libertad individual, la responsabilidad en el uso de los subsidios y el rol del Estado en la regulación del juego.