Continúa la polémica luego de que se conociera la quita del capítulo tabacalero de la nueva Ley Bases que ingresó al Congreso de la Nación, tras el profundo malestar manifestado por el sector que considera que existe un lobby en defensa de las cigarreras nacionales que sistemáticamente incurren en incumplimientos fiscales.
Actualidad11/04/2024
José Alberto Coria
Esta vez, representantes del Gobierno de la provincia se hicieron de la partida y exigieron un marco regulatorio equitativo para esta industria.
En conferencia de prensa el ministro de Producción Martín de los Ríos y el senador Enrique Cornejo insistieron en la necesidad de que el Gobierno Nacional genere un marco equitativo para la industria tabacalera en el proyecto Ley de Bases y Condiciones que se encuentra en tratamiento en la Legislatura Nacional.
Esto, siguiendo los principios de libre mercado y competencia entre empresas, que son los principios rectores del Gobierno Nacional.
“La industria tabacalera viene desenvolviéndose desde el año 2017 en una situación de inequidad a partir de una serie de amparos que permitieron a una empresa no cumplir con el pago del Impuesto Interno Mínimo que nutría al Fondo Especial del Tabaco”, explicó de los Ríos. “Esto facilitó que esta empresa se lleve el 40% del mercado en Argentina, en una competencia totalmente desleal”. “Esperábamos que esa situación se resolviera a partir del apartado referido al Tabaco en el Capítulo Fiscal”, expresó con preocupación el titular de la cartera productiva salteña. Esta situación de privilegio que viene sosteniendo Tabacalera Sarandí está perjudicando al sector tabacalero como Economía regional salteña, y a las más de 200 mil personas vinculadas directa o indirectamente a esa actividad. “Y, además, –continuó el funcionario- afecta al erario provincial. Puntualmente, al Tesoro Provincial salteño, calculamos que dejan de ingresar $6 mil millones por coparticipación del impuesto interno. A eso hay que sumarle lo que deja de percibir dentro del Fondo Especial del Tabaco, que son alrededor de $20 millones”.
Por otro lado, esta situación afecta a Nación, ya que el precio más barato al que se venden los cigarrillos de la industria Sarandí, a partir del no pago del Impuesto Interno, repercute en la recaudación del IVA, que es un impuesto coparticipable para todas las Provincias.
Temprano, y a través de sus redes sociales, el gobernador Gustavo Sáenz le pidió al presidente Milei “que no se deje ganar por el lobby de una empresa”, al tiempo que apuntó a “un grupo de diputados que desconoce el interior argentino y sus economías regionales, junto a otro que se arroga espuriamente la representación del Sector Tabacalero, torcieron el brazo del Gobierno que dice combatir la “casta”, en clara referencia a los diputados Cristian Ritondo, Diego Santilli, Carlos Castagneto y Carlos Zapata, de La Libertad Avanza por la decisión de retirar el capítulo que atañe al sector tabacalero, en el nuevo borrador de la Ley Bases.
Asimismo, aunque sin nombrarla, se refirió a la cigarrera Sarandí, de propiedad del denominado “señor Tabaco”, a quien denunció que: “se autopercibe Pyme pero factura más de 800 millones de dólares; que se dice nacional pero no compra ni un kilo de tabaco argentino porque importa de Brasil por más de 40 millones de dólares al año”, al tiempo que insistió en la competencia desleal generada por este tipo de desigualdades y ausencia del marco regulatorio: “en un momento en el que se le pide a los ciudadanos y a las provincias que hagan un esfuerzo histórico para equilibrar las cuentas públicas”, contextualizó.
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