La UCR y el peronismo están cerca de acordar una ley de aumento a jubilados

Los radicales y los peronistas ultiman detalles para dar media sanción a una nueva fórmula jubilatoria, después de intensas conversaciones para acordar un proyecto común y conseguir el apoyo del pichettismo e Innovación Federal. Apuntan a juntar una holgada mayoría para sancionar una ley que repare la pérdida de poder adquisitivo de enero pasado y un cálculo para los haberes previsionales que combine índice inflacionario y promedio salarial.

Al cierre de este artículo, los diputados de Unión por la Patria (UP) revisaban el texto que había devuelto la UCR en el intercambio que se produjo durante la jornada. Los principales legisladores de las bancadas lideradas por Rodrigo De Loredo y Germán Martínez avanzaban en una tarea subterránea de acuerdo político limando diferencias técnicas.

El volumen de votos que cosecharían con este proyecto es también es un mensaje a la Casa Rosada porque el presidente Javier Milei había prometido que vetaría cualquier iniciativa que pusiera en riesgo el equilibrio fiscal. La cantidad de votos a favor puede ser indicativa de lo cerca que quedaría la Cámara Baja de alcanzar los dos tercios, cifra que permitiría blindar la nueva fórmula previsional de un veto de Milei.

 El consenso empezó a construirse a media tarde, cuando el radicalismo consideró que era atendible el reclamo de UP para excluir del proyecto la descapitalización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses, para afrontar juicios de jubilados y compensaciones a las cajas provinciales.

La Política Online publica que un diputado radical que impulsaba las negociaciones le dijo que el objetivo era juntar "cerca de 150 votos". Por eso, desde su bancada se comprometieron a tratar por separado en la Comisión de Seguridad Social el destino del FGS, una demanda que los cordobeses que integran el bloque de Miguel Ángel Pichetto no están dispuestos a declinar.

Esa comisión está en manos de Gabriela Brouwer de Koning, en representación del radicalismo. Sin embargo, puede ser un arduo desafío lograr dictamen de mayoría para utilizar los recursos del FGS: el dictamen de mayoría para la sesión de esta tarde era del kirchnerismo y es muy probable que también se imponga eventualmente en el rechazo.

Pasadas las 16, el peronista riojano Ricardo Herrera dijo que era "inadmisible que el éxito de este modelo dependa, pura y exclusivamente, del ajuste a los jubilados, los docentes y el achicamiento estatal". "No hemos sido nosotros los que no hemos puesto voluntad para encontrar una fórmula que le dé un piso de dignidad a los jubilados", dijo y agregó: "cambiamos nuestro dictamen para llegar a una acuerdo con otras bancadas".

 En la misma línea, Itai Hagman recordó que la movilidad estaba presente en la versión original de la Ley Ómnibus, cuyo articulado suspendía el cálculo y lo libraba a la discrecionalidad del gobierno. "Mientras estábamos trabajando en sesiones informativas, el gobierno sacó el DNU 274, que planteaba una indexación por inflación, congelándola en uno de los niveles más bajos de nuestra historia", argumentó.

También señaló que el bloque de Unión por la Patria no estaba dispuesto a dejar el haber mínimo por debajo del valor de la canasta básica para un adulto según estimaciones del Indec, como así tampoco aceptarían la liquidación del FGS. Aunque concedió que "el pago de las deudas y las cajas provinciales que no fueron transferidas son un problema real", remarcó: "no estamos dispuestos a abrir la posibilidad de liquidación del FGS de Anses".

Al tiempo que Martínez dialogaba con la radical Carla Carrizo, Brouwer de Koning explicaba que "no solamente es urgente sino también imperativo" que se resuelva la situación de los jubilados. Para defender el dictamen de la UCR, apeló al trabajo de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que trazó la "factibilidad" del cálculo de su bloque. "Nadie nos puede juzgar de demagogia ni de irresponsabilidad", aseguró.

La diputada cordobesa, por lo demás, asumió la inquietud del oficialismo sobre "el fundamento fiscal" del proyecto. "La OPC dice que el costo del proyecto es del 0,4 por ciento del PBI", precisó, y apeló a "la sensibilidad del Presidente del a República Argentina" para que la persecución de "ese déficit 0 no afecte a los jubilados".