En una medida sin precedentes, el juez Sebastián Fucho ordenó el embargo del 40% de la recaudación diaria del peaje de Cabeza de Buey a Corredores Viales S.A. debido a su grave incumplimiento en las reparaciones de la ruta nacional 9/34.
Judiciales02/08/2024
Xiomara Díaz
En una medida sin precedentes, el juez Sebastián Fucho impuso un embargo del 40% de la recaudación diaria del peaje de Cabeza de Buey a la empresa estatal Corredores Viales S.A. Esta drástica decisión revela graves incumplimientos en las reparaciones de la ruta nacional 9/34, cuyo tramo San José de Metán y Yatasto se encuentra en condiciones deplorables. La medida se tomó tras múltiples intentos fallidos de la empresa para evadir sus responsabilidades.
El juez Fucho describió la situación como una violación flagrante de la ley, subrayando que la sanción inicial de dos millones y medio de pesos diarios no había logrado forzar a la empresa a cumplir con sus responsabilidades. En respuesta a la evasión de pagos mediante el uso de un fin de comiso inembargable, se decidió embargar el 40% de la recaudación diaria del peaje hasta alcanzar un total de 75 millones de pesos, más los accesorios legales correspondientes.
"Este embargo es una respuesta contundente ante la grave negligencia y las maniobras de evasión de Corredores Viales S.A.", declaró. “La ruta en cuestión se encuentra en un estado inaceptable, y el dinero recaudado debe destinarse de inmediato a las reparaciones necesarias”.
Detalló que, tras la imposición del embargo, los fondos recaudados se depositan en una cuenta judicial controlada por la doctora García y la jueza de paz de Güemes, con la supervisión de la martillera Marisol Martín, quien se encarga de la recolección y el depósito de estos fondos. Según indicó el Magistrado, la reparación completa de la ruta requiere una inversión de 1.162 millones de pesos, con un costo de 83 millones por kilómetro. Sin embargo, el 14% de la recaudación mensual del impuesto al gasoil (CISVIAL) sería suficiente para cubrir el costo de las reparaciones.
Fucho enfatizó que la empresa, que es en parte propiedad del Ministerio de Obras Públicas y de la Dirección Nacional de Vialidad, está incumpliendo gravemente con sus obligaciones, violando incluso el artículo 42 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho de los ciudadanos a recibir servicios públicos adecuados.
"Mi responsabilidad como juez es proteger la Constitución y los derechos de los ciudadanos. No cesaré en aplicar medidas severas hasta que Corredores Viales S.A. cumpla con la resolución judicial y se realicen las reparaciones necesarias", advirtió Fucho.
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