El juez Sebastián Fucho ratificó la obligación de la empresa encargada de la Ruta 9/34, de realizar las reparaciones necesarias. La Corte de Justicia entiende que estos temas deben dirimirse en el fuero federal, pero sin embargo avaló el mandato del magistrado de Metán
Judiciales03/12/2024
Por Expresión del Sur
El juez de la Sala II del Tribunal de Juicio de la ciudad de Metán, Sebastián Fucho, ratificó su posición luego de que la Corte de Justicia de Salta convirtiera en cautelar su mandato, sobre la reparación de la ruta nacional 34 a su paso por Metán.
Con una sorpresiva "solución transitoria conciliadora", el Tribunal avaló la orden de reparar la ruta pero desestimó la imposición de multas a la empresa Corredores Viales S.A., estimando el recurso de apelación interpuesto por la Dirección Nacional de Vialidad contra la sentencia que había pronunciado, en proceso de acción de amparo, el juez Fucho, que en primera instancia estimó la demanda de amparo formulada por vecinos de la ciudad por el pésimo estado de la Ruta Nacional Nº 9/34 entre los kilómetros 1446 y 1460.
Así, el magistrado coincidió con la decisión de la Corte Suprema, que obliga a la empresa encargada a llevar a cabo la reparación de la vía, aunque señaló durante una entrevista realizada este lunes por el periodista Rodrigo García, que hasta ese momento no había recibido el expediente con la resolución de la Corte.
"Lo que yo tengo vigente es que ellos están incumpliendo la orden originaria dada por mi persona para que hagan la reparación de la ruta, que no se hizo hasta el día de la fecha", aseguró Fucho. Y agregó que la empresa solicitó una nueva audiencia, que ya está fijada para el lunes próximo. El juez se mostró confiado en que la ratificación de la Corte le da tranquilidad respecto a la legalidad del fallo, y destacó que, a pesar de los intentos de los abogados por llevar el caso a la Justicia Nacional, la Corte ratificó que la decisión tiene plena vigencia.
"El derecho de sentido común dice que cualquier ser humano que se pare enfrente de esa ruta sabe que esta era totalmente legal lo resuelto", enfatizó.
Aclaró que la convocatoria realizada por Vialidad Nacional está referida al tramo de la ruta que va desde Yatasto a Rosario de la Frontera, y que la audiencia pública programada para el 8 de enero no tiene nada que ver con el tramo más complicado de la ruta, que es el que va desde Yatasto a Metán. "Formalmente no hay nada", aclaró. En cuanto a este último tramo, manifestó que las partes involucradas "están de dimes y diretes", y que está a la espera de que se presenten soluciones concretas.
Respecto a los cortes de ruta convocados por algunos vecinos, expresó su desacuerdo. "Jamás podría sostener que perjudiquen a los transeúntes", aseguró el juez, señalando que esto los estaría perjudicando aún más, ya que, si de por sí circulan por la ruta rota, cortarla sería mucho más grave. "Hay mucha gente que trabaja, pero bueno, cada uno es dueño de hacer lo que quiera", sostuvo.
En cuanto al estado de la obra, recordó que, en una audiencia anterior, se había demostrado un acuerdo entre Vialidad Nacional, el intendente José María Issa y la concejal María José Bernis para iniciar las reparaciones de la ruta. "Lo que me tenían que presentar a mí a la brevedad es el plan de obra", detalló el juez. Respecto a este plan, señaló que aún está esperando la presentación formal y aclaró que la parte técnica, que incluye a los ingenieros, depende de Vialidad Nacional. En cuanto a la maquinaria y los materiales necesarios para la obra, el juez indicó que la municipalidad de Metán ya está gestionando con empresas.
El juez también fue consultado sobre si en algún momento se podrá interponer una acción para que los responsables de este conflicto, además de lo que suceda en los tribunales, den explicaciones a la sociedad. "Tengan la plena seguridad que, de mi boca, ustedes van a escuchar lo que pase en la audiencia", y añadió que lo que hagan las partes después de la audiencia "ya corre por su exclusiva cuenta", disparó contundente el magistrado de Metán.
En cuanto al monto que podría estar embargado, Fucho indicó que se estima en alrededor de 205 millones de pesos. Sin embargo, aclaró que no es un tema que maneje directamente el juzgado, ya que el proceso está a cargo de una martillera, quien se encarga de recaudar y depositar el dinero. "Yo tendría que pedir un estado de cuenta para saber con exactitud", señaló el juez. Además, explicó que el dinero recaudado se deposita en la cuenta judicial del Banco Macro y que su disposición dependerá de lo que resuelva la Corte.
Finalmente, Fucho invitó a la prensa a la audiencia del lunes, donde las partes estarán disponibles para responder preguntas y esclarecer cualquier duda. "Los pueden encontrar a todas las partes juntas para preguntar y para que saquen todas las dudas que tengan", concluyó.
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