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Tras la serie de reclamos y presentaciones ante la Justicia, finalmente comenzaron las reparaciones en la Ruta Nacional 9/34, conocida como la “ruta de la muerte” por su alto índice de accidentes.
Actualidad12/02/2025
Por Expresión del Sur
La concejal de Metán, María José Bernis, expresó su satisfacción por la llegada de la maquinaria encargada de realizar un bacheo profundo para mejorar la seguridad vial en la zona.



Las obras están a cargo de la empresa Castelone, contratada para realizar las tareas de mantenimiento. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado la duración de los trabajos ni el monto total de la inversión destinada a la reparación del tramo que une Yatasto con Metán.
El mal estado de la carretera llevó a que se presentara un recurso de amparo en la Justicia, lo que derivó en un fallo favorable y en un embargo preventivo contra Corredores Viales, la empresa encargada de la concesión. Ante la presión legal, el Gobierno nacional dio luz verde a las tareas de reparación.
Conductores y vecinos de la zona han manifestado su alivio ante el inicio de las obras, aunque advierten que un simple bacheo no es suficiente y que se necesita una solución estructural a largo plazo para evitar nuevas tragedias en la ruta.
La iniciativa se concreta tras la presentación de un recurso de amparo y un posterior embargo preventivo contra la concesionaria, medidas que impulsaron la intervención de la Justicia para garantizar la seguridad en la traza.
A pesar del avance, vecinos y transportistas sostienen que un bacheo no es suficiente y que la ruta necesita una obra integral para evitar nuevos accidentes.
Cabe recordar que, durante los primeros días de diciembre del año pasado, la Corte de Justicia confirmó la orden que exige a la empresa Corredores Viales S.A, a realizar la reparación del tramo que une la ciudad de San José de Metán con la localidad de Yatasto.
El tramo corresponde a la RN 9/34, cuya obra se encuentra judicializada por un amparo que impulsó el intendente de Metán, José María Issa en conjunto con la concejal María José Bernis.
Los magistrados determinaron que, si bien los tribunales provinciales no tienen competencia en este asunto, dado que la acción fue formulada contra una entidad nacional y requiere la consideración de normas e instrumentos de carácter federal, la Corte tiene la facultad para dictar medidas cautelares, como en este caso.
El máximo tribunal provincial enfatizó la imperiosa necesidad de actuar en este supuesto específico, haciendo hincapié en la salvaguarda de derechos constitucionales fundamentales, tales como el derecho a la vida, a la salud y a la integridad corporal.



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