Dantur: “La insensibilidad de este gobierno nacional no tiene límites"

El diputado provincial Gustavo Dantur planteó en la Cámara baja lo que calificó como un accionar insensible por parte del Gobierno nacional en relación con las pensiones por invalidez. Durante su intervención, expuso situaciones que, según indicó, están afectando directamente a beneficiarios en condiciones de vulnerabilidad, al denunciar que se les exige realizar nuevamente estudios médicos, incluso en contextos de salud adversos y con costos a cargo del propio solicitante.

“Levantamos la voz solicitándole al Estado nacional que sean ellos los que se hagan cargo del gasto que demande los estudios de las personas que tienen una pensión por discapacidad”, afirmó Dantur, quien sostuvo que las exigencias actuales no sólo son injustificadas, sino que también implican un retroceso en materia de derechos adquiridos.

El legislador cuestionó duramente los procedimientos administrativos impuestos por la Nación, y denunció que muchos beneficiarios están recibiendo cartas documento donde se los amenaza con quitarles la pensión si no cumplen con una nueva evaluación médica. “La insensibilidad de este gobierno nacional parece no tener límites. Se quisieron meter y se están metiendo con los más vulnerables de todos”, afirmó.

Agregó que, como parte de este mecanismo, los beneficiarios deben asistir a clínicas privadas designadas por el mismo Estado, costeando por sus propios medios los estudios requeridos, lo que —según indicó— representa una carga imposible para quienes se encuentran en situación de postración o extrema vulnerabilidad.

“Muchos de ellos postrados en una cama tienen que levantarse e ir porque les llegó una carta documento con la amenaza de que le van a quitar la pensión. Tienen que pagar en forma privada, en clínicas privadas. Y en esta carta documento les dicen a qué clínica ir”, advirtió el diputado, visiblemente indignado por el tenor de las medidas oficiales.

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En el recinto, Dantur remarcó que este tipo de acciones afectan directamente a quienes menos tienen y que deberían ser objeto de protección por parte del Estado. “Estamos hablando de personas que ya han sido evaluadas, que cuentan con certificados médicos, y ahora deben volver a demostrar su condición bajo amenaza de perder lo único que tienen”, puntualizó.

El reclamo se enmarca en un contexto de creciente malestar social ante recortes en programas asistenciales, en medio de un ajuste fiscal impulsado por el Gobierno nacional. Desde el ámbito legislativo, Dantur solicitó no sólo la revisión urgente de estas medidas, sino también que el costo de los estudios recaiga sobre el Estado y no sobre los propios damnificados.