Cada noche, frente a la oficina de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación en Salta, se repite la misma postal: decenas de personas armando filas, muchas con reposeras, frazadas y termos. Aguardan que a las 8 de la mañana se abran las puertas de Belgrano 570, buscando información, atención o simplemente ser escuchadas.
Actualidad30/04/2025
Carolina Saravia
Desde hace semanas, la revisión de las pensiones no contributivas por discapacidad se volvió un tema central en la agenda nacional. El Gobierno lanzó un operativo para actualizar los beneficios, en un intento por detectar posibles irregularidades y “depurar” el padrón. Sin embargo, el proceso generó temor en miles de familias que dependen de ese ingreso mensual para sostener tratamientos, medicamentos, traslados o simplemente para vivir.
En Salta, donde se estima que existe una cantidad considerable de pensiones mal otorgadas, la medida generó un efecto inmediato. El rumor de que podrían ser dadas de baja en masa activó una carrera desesperada por conseguir un turno, presentar papeles o evitar ser “borrados del sistema”. Lo preocupante es que no todos fueron notificados formalmente: muchos se enteraron por comentarios, mensajes de WhatsApp o escuelas terapéuticas que advirtieron el cambio de criterio.
“Nos avisaron en la escuelita de mi hijo, nadie nos mandó carta ni nada. Vinimos igual por las dudas, pero no conseguimos turno. Dormimos en la vereda porque venimos del norte y no podemos irnos con las manos vacías”, contó Patricia, mamá de un niño con parálisis cerebral, mientras esperaba bajo una manta y sujetaba la carpeta con certificados médicos.
El trámite apunta a acreditar nuevamente la condición de discapacidad para seguir percibiendo la pensión nacional, que representa un 70% del salario mínimo: hoy, cerca de $290.000. Para muchas familias sin empleo formal, ese monto es el único ingreso fijo del hogar.
“Se entiende que hay pensiones truchas, pero no se puede meter a todos en la misma bolsa”, reclamó Víctor, papá de una joven con discapacidad motriz. “Yo firmo que revisen todo lo que quieran, pero que haya un sistema claro. Que nos expliquen, que atiendan, que respeten”, agregó.
A la falta de información oficial se suma la precariedad del proceso. Personas que viajan desde el interior sin garantías de ser atendidas, empleados desbordados y situaciones que muchas veces se resuelven con un “vuelva mañana”, como si eso fuera tan sencillo.
En este escenario, los reclamos apuntan no sólo a la continuidad de los beneficios, sino al trato digno. “No pedimos limosna. Queremos que nos miren a los ojos y nos expliquen qué está pasando”, resumió una mujer que esperaba desde la madrugada con su hija adolescente en silla de ruedas.
El debate sobre la transparencia en el otorgamiento de pensiones es legítimo. Pero también lo es el pedido de miles de personas que viven con discapacidad o cuidan a alguien que la tiene, y que necesitan certezas, no sospechas. Porque detrás de cada número hay una historia, y detrás de cada carpeta, una vida.
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