Ardió de odio: quemó la casa de su ex y fue sentenciado en Las Lajitas

En el marco de un proceso penal abreviado, un hombre de 28 años fue condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por ser hallado penalmente responsable de los delitos de incendio intencional y amenazas en perjuicio de su expareja, desobediencia judicial, y daños ocasionados en la vivienda de su excuñada, todo ello en concurso real.

La audiencia fue presidida por la jueza Carolina Poma Salvadores, del Juzgado de Garantías de Joaquín V. González, quien homologó el acuerdo de juicio abreviado propuesto por las partes. En representación del Ministerio Público Fiscal intervino la fiscal penal 1 de ese distrito, María Celeste García Pisacic, quien actuó en carácter de subrogante en la delegación de Las Lajitas.

Durante la audiencia, el imputado admitió de forma voluntaria su responsabilidad penal, lo que permitió avanzar con la resolución anticipada del proceso, conforme lo estipula el Código Procesal Penal.

Según la investigación penal preparatoria, el imputado había mantenido una relación de pareja durante cinco años con la denunciante, con quien tuvo dos hijos menores. Tras la separación, originada por episodios reiterados de violencia de género, la mujer solicitó medidas de protección judicial que fueron oportunamente dispuestas por el juzgado interviniente.

Pese a las restricciones vigentes, el acusado incumplió las disposiciones judiciales y se presentó en la vivienda de su expareja, donde la intimidó exigiéndole retomar la relación. Posteriormente, se dirigió al domicilio de su excuñada –donde se encontraba refugiada la víctima– y provocó daños materiales en una abertura.

El hecho más grave ocurrió el 6 de enero pasado, cuando el condenado contactó telefónicamente a la denunciante para comunicarle que había incendiado la vivienda familiar, lo que fue constatado por las pericias de Bomberos y Policía Científica, que determinaron la destrucción total del inmueble.

Además de la condena, se impusieron al imputado reglas de conducta por el término de tres años, entre ellas fijar residencia en una localidad distinta a la de la víctima, someterse a tratamiento psicológico especializado y abstenerse de ejercer actos de violencia o intimidación hacia las damnificadas.

La causa fue tramitada con perspectiva de género y conforme al protocolo de actuación ante casos de violencia intrafamiliar y contra la mujer.