La Fiscalía de Anta no investigó una obra fantasma que pudo fundir a Pizarro

La Corte de Justicia de Salta confirmó el rechazo a una demanda civil contra la Municipalidad de General Pizarro por una obra cloacal que jamás se hizo. La empresa reclamaba el pago de más de $4 millones de 2014 -hoy equivalentes a más de $100 millones- por la supuesta construcción de una red cloacal y una planta depuradora. El reclamo se apoyaba en un contrato informal sin respaldo legal alguno.

Pero más allá del alivio que significó evitar una condena que hubiera puesto en jaque las finanzas del municipio, el caso dejó al descubierto otro hecho alarmante: la pasividad de la Fiscalía Penal de Joaquín V. González, que en tres años no avanzó en la investigación penal iniciada en 2022.

“Apenas se hizo una inspección ocular. Pasaron tres años sin imputaciones ni indagatorias. El Ministerio Público tiene una responsabilidad que todavía no está cumpliendo”, advirtió la abogada Vanina Castaño, actual asesora legal del municipio.

La denuncia, presentada por la gestión del intendente Francisco Pérez, apuntaba a determinar si existieron delitos como contratación fraudulenta, malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin embargo, la causa parece dormir en un cajón, pese a la gravedad institucional que representa.

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Castaño fue quien tomó el caso civil en forma tardía, cuando ya estaba iniciado y la gestión anterior no había presentado respuesta alguna. “Cuando llegamos, no se había contestado la demanda. Tuvimos que actuar de inmediato para defender el patrimonio público”, señaló.

La empresa reclamante aseguraba haber firmado un contrato en 2014 -durante la intendencia de Miguel Talló- y pretendía cobrar $4.429.660 más intereses por una obra que no solo no se terminó, sino que nunca comenzó. El monto original, calculado con el dólar a $57 como estaba en 2019, representaba más de 77 mil dólares, lo que hoy en pesos supera ampliamente los 100 millones.

La obra fantasma se basaba en un convenio entre la Provincia y el ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), aprobado mediante el decreto provincial N.º 2473, publicado en el Boletín Oficial N.º 19.370 del 25 de agosto de 2014. El financiamiento contemplaba una asistencia no reintegrable de $13.281.733,65 en el marco del plan nacional “Más Cerca: Más Municipio, Mejor País, Más Patria”.

Pero el dinero no llegó: Aguas del Norte desaconsejó su ejecución técnica, ENOHSA suspendió las transferencias y la obra nunca se inició. Aun así, la empresa demandó. “Solo había unas pocas bocas de pozo sin conexión. No había contrato registrado, ni decreto, ni expediente, ni resolución alguna. Era todo informal”, explicó Castaño.

El fallo de primera instancia le dio la razón al municipio. Luego, la empresa intentó introducir un nuevo argumento -la supuesta “responsabilidad extracontractual”-, pero la Corte recordó que no se pueden presentar fundamentos nuevos en etapa de apelación. “Se aplica el principio de preclusión”, remarcó la letrada.

La desidia de la gestión anterior y la pasividad del Ministerio Público son ahora parte de una historia que el municipio busca cerrar. “Hoy cada obra pasa por los procesos legales que corresponden. Esta etapa oscura no puede repetirse”, concluyó Castaño.