Exigen el 5% del sueldo a empleados del Estado para financiar a La Libertad Avanza

Un nuevo capítulo de tensión sacude a La Libertad Avanza en Salta, donde se destapó un escándalo que compromete de lleno a figuras del armado libertario provincial. Una serie de audios filtrados expone un sistema de recaudación interna mediante el cual empleados públicos estarían siendo forzados a entregar parte de sus sueldos —incluidos bonos estatales— para sostener las finanzas del partido.

En la grabación, difundida por el periodista Daniel Murillo, se escucha a Cristian Achaval, responsable de la UDAI Metán de ANSES, y a Ricardo Ortega, quien actuaría como encargado de recaudar fondos para el espacio político, discutir en detalle el mecanismo; un descuento del 5% sobre el sueldo y otro 5% sobre el denominado POA (plus operativo adicional). “Es el 5%... del 10 bajaron al 5%. Todos cobran muy bien el bono, son dos sueldos”, afirma Ortega sin reparos.

No se trata de una colaboración voluntaria. Las expresiones del diálogo revelan un trasfondo de presión y obligación. Un interlocutor incluso se excusa por no haber aportado durante algunos meses y asegura que comenzará a cumplir con el pago “para que no lo quieran sacar”. Otro dato preocupante; quienes no pagan, quedan marcados. “Usted y Pantaleón eran los únicos que no mandaban. Pero a don Pantaleón ya lo anunciaron”, se menciona, dejando entrever consecuencias políticas para los díscolos.

Lo más crudo de todo es que el sistema está montado sobre la lógica de que “la casa no se mantiene sola”. Según el audio, se necesitan $1.500.000 por mes para cubrir el alquiler, los servicios y otros gastos de la sede partidaria. La recaudación provendría entonces de lo que retiran mensualmente a quienes ya cobran del Estado. Todo esto, en un partido que se llenó la boca hablando de ética, austeridad y fin de los privilegios.

Para justificar la maniobra, los interlocutores aluden a mecanismos administrativos: transferencias a cuentas de Ahora Patria o entregas en mano con recibo incluido. Incluso se aclara que hay diferencias entre cómo se pagan los aportes según a qué “caja” se destinen. Todo funciona como un engranaje aceitado. Pero legal, no parece.

El caso de Salta se suma a denuncias similares que ya golpearon a otras provincias donde La Libertad Avanza tiene representación como por ejemplo; Misiones, La Pampa y Santa Cruz, entre ellas. En todos los casos, la metodología parece calcada; empleados estatales que ingresan por la estructura libertaria deben devolver parte de su sueldo como “contribución”. Lo que antes se llamaba “diezmo partidario”, hoy se maquilla como "aporte a la causa".

Sin embargo, lo que diferencia este episodio del resto es la crudeza del material difundido. No hay lugar para interpretaciones... los audios son explícitos y las voces, identificables. El silencio del partido a nivel nacional no hace más que agravar la situación.

Lo irónico es que esta práctica, históricamente denunciada por ser propia de “la casta”, ahora encuentra eco en las entrañas del movimiento que prometió erradicarla. La Libertad Avanza construyó su identidad sobre el rechazo a los manejos turbios de la política tradicional. Hoy, los hechos la colocan en el mismo barro.

Mientras tanto, ni una renuncia, ni una investigación interna, ni una palabra oficial. El escándalo crece, y las bases libertarias —muchas de ellas integradas por ciudadanos comunes que creyeron en un cambio— asisten con desconcierto a una escena que ya vieron demasiadas veces.

El relato se agrieta. La casta no se fue. Sólo se disfrazó de anticasta.