Preocupación en el Gobierno de Milei: Cristina se mueve en la escena global

La confirmación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema no sólo reavivó la interna política argentina, sino que también encendió alertas en el plano diplomático. Según pudo saberse, el gobierno de Javier Milei observa con creciente inquietud el impacto internacional que está generando la situación de la ex presidenta, que ya prepara una avanzada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con respaldo político regional.

El dato no es menor: tres de los cuatro países que integran el Mercosur ya manifestaron su apoyo a Cristina, y dos de los tres miembros latinoamericanos del G20 también. Desde Cancillería reconocen, en reserva, que el tema incomoda a la gestión libertaria, sobre todo por la posibilidad de un posicionamiento conjunto entre Brasil, México y Colombia.

Cristina, la segunda ex presidenta de la historia que va a prisión en democracia

De hecho, Claudia Sheinbaum, recientemente electa presidenta de México, ya pidió a su Cancillería que analice un repudio a la condena en coordinación con los gobiernos de Lula da Silva y Gustavo Petro.

En paralelo, se activaron tres frentes de defensa para respaldar a Cristina en el escenario internacional:

• El Grupo de Puebla, con figuras como la abogada brasileña Carol Proner y el ex juez español Baltasar Garzón, coordina una estrategia de presentación ante la CIDH, bajo el argumento de una persecución política con antecedentes similares en América Latina.
• El equipo legal de Cristina, encabezado por Carlos Beraldi, evalúa los pasos formales para iniciar el reclamo ante la Comisión Interamericana, paso previo para que el caso llegue a la Corte.
• El Partido Justicialista, que articula acciones conjuntas con partidos aliados de la región como el PT de Brasil, Morena en México y otros espacios de línea progresista. Incluso se habla de un posible acercamiento formal al Partido Comunista de China, con el que el PJ mantiene vínculos institucionales desde hace años.

Además, ya se trabaja en la conformación de un "Comité por la Libertad de Cristina", al estilo del que impulsó la defensa del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas. La idea es reunir juristas, abogados y referentes políticos internacionales que puedan amplificar la denuncia en foros globales.

Mientras tanto, los plazos legales ya corren. Para que la Comisión Interamericana analice el caso, primero debe presentarse una petición individual —ya sea por parte de la propia Cristina, su equipo legal o un tercero con interés legítimo—, argumentando violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La CIDH evaluará si se cumplieron requisitos como el agotamiento de recursos internos, el respeto de los plazos procesales y la no duplicación de instancias.

En caso de ser admitida, la Comisión puede emitir un informe de fondo con recomendaciones al Estado argentino. Si no se cumplen, el caso puede escalar a la Corte Interamericana, que podría incluso ordenar la nulidad del fallo y la restitución de derechos, entre ellos la posibilidad de postularse nuevamente a cargos electivos.

El escenario está abierto, pero el impacto internacional ya es un hecho. Mientras Cristina avanza en su estrategia jurídica y política, el gobierno de Milei enfrenta una incómoda exposición en los foros regionales, donde sus socios ideológicos son minoría.