Toma de tierras en Piquete Cabado reaviva un viejo debate político en Anta

El conflicto por la toma de tierras en Piquete Cabado puso en evidencia una falla estructural: el paraje pertenece a González pero depende de Las Lajitas. ¿Tiene sentido seguir sosteniendo este modelo?

Política28/07/2025José Alberto CoriaJosé Alberto Coria
Piquete Cabado

El conflicto por la ocupación de tierras en el paraje Piquete Cabado volvió a poner sobre la mesa una discusión estructural que la política sigue postergando: la necesidad de actualizar los mapas político-administrativos de la región para mejorar la gestión estatal y la calidad de vida de sus habitantes.

En los últimos días, familias del paraje ubicado a solo 9 kilómetros de Las Lajitas iniciaron una ocupación de terrenos privados, en reclamo por el acceso a la tierra y servicios básicos. Si bien el lugar pertenece al ejido de Joaquín V. González, está mucho más vinculado geográfica, social y económicamente a Las Lajitas. Esta paradoja genera una enorme distancia en la atención estatal, y expone las limitaciones del actual diseño territorial.

La situación en Piquete Cabado se vuelve aún más compleja cuando se observa que muchos servicios básicos -como la salud, el transporte o el comercio- se gestionan en Las Lajitas, mientras que la administración política y los recursos dependen del municipio gonzaleño. En los hechos, eso implica mayores costos operativos para González, que debe cubrir demandas de un territorio alejado y sin infraestructura para articular respuestas rápidas.

“No tiene sentido seguir sosteniendo este esquema”, señaló un funcionario de la zona que pidió reserva. Y agregó: “Es momento de discutir seriamente una reorganización territorial, con sentido práctico y no político”.

Asentamiento Piquete Cabado

Los costos administrativos, logísticos y humanos de mantener esta estructura ineficiente son cada vez más visibles. Si el paraje pasara a depender políticamente de Las Lajitas, el Estado provincial debería acompañar con una transferencia de recursos, pero en el mediano plazo se reduciría notablemente el gasto operativo y se lograría una gestión mucho más eficaz.

Este caso -como otros que se replican en el interior profundo de la provincia- expone con claridad que la agenda legislativa debería mirar más allá de lo electoral y avanzar hacia una redefinición de los límites municipales, basada en criterios reales de cercanía, servicios y vinculación de las comunidades.

Mientras tanto, Piquete Cabado sigue esperando que alguien mire más allá del mapa.

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