Anta: perdió su pensión por no poder costear los estudios que exigía el Gobierno

La indignación y la desesperanza se mezclan en los barrios más humildes de la provincia, donde cada noticia sobre recortes o trámites imposibles golpea con fuerza a quienes dependen de cada peso para sobrevivir. En este contexto, el caso de un vecino de Barrio Islas Malvinas, en Anta, conmueve por la crudeza de su situación; un adulto mayor con discapacidad, que tras sufrir un infarto el año pasado, quedó sin la pensión que le permitía cubrir sus gastos esenciales.

La pérdida del único ingreso estable para su subsistencia se produjo luego de que fuera notificado para someterse a una auditoría médica. Ante los elevados costos de los estudios requeridos, el hombre no pudo cumplir con el procedimiento y, como consecuencia directa, dejó de percibir su pensión por discapacidad este mes. La falta de recursos, sumada a su movilidad limitada, deja en evidencia la fragilidad de los sistemas de protección social frente a medidas que afectan directamente a los más vulnerables.

Familiares del adulto mayor relataron a Anta TV Noticias que ahora enfrentan la urgencia de costear los estudios médicos y exámenes solicitados, así como adquirir una silla de ruedas que le permita desplazarse de manera segura. La angustia no es solo de este vecino, sino de cientos de argentinos que, pese a trabajar en múltiples empleos, no logran cubrir necesidades básicas, y que sienten cómo las decisiones de la administración nacional terminan golpeando con crudeza al laburante de a pie.

La historia refleja un panorama que muchos califican de injusto y despiadado; ciudadanos que han dado lo mejor de sí durante toda su vida y que, frente a políticas restrictivas o descoordinadas, quedan desamparados. La voz de los familiares y vecinos no es un reclamo aislado, es un grito silencioso que retrata la urgencia de un sistema que necesita garantizar derechos y proteger a quienes más lo necesitan.

En el barrio, la comunidad se organiza para brindar apoyo, mientras esperan que las autoridades reconsideren las medidas y faciliten los recursos necesarios para que este vecino recupere la pensión y la dignidad que merece.