Juicio por corrupción en Villa Las Rosas: internos pagaban para obtener beneficios

Un testigo protegido reveló pagos a funcionarios de la Unidad Carcelaria 1 para obtener beneficios y privilegios dentro del penal de Villa Las Rosas, en el marco de un juicio por corrupción y narcocriminalidad.

Judiciales03/09/2025Por Expresión del SurPor Expresión del Sur
Juicio UC1

En el marco del juicio que se sigue contra funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta y otros imputados, un testigo protegido aportó nuevos detalles sobre el presunto pago de sobornos a cambio de privilegios dentro del penal de Villa Las Rosas. La causa se originó a partir de denuncias anónimas presentadas en la Fiscalía de Derechos Humanos, que señalaban la exigencia de exacciones ilegales por parte del personal penitenciario para permitir el acceso de objetos y sustancias prohibidas o facilitar beneficios a internos.

Durante la décimo octava audiencia del debate oral, la Unidad Fiscal, integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt, continuó con la recepción de pruebas testimoniales.

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El testigo, identidad que permanece reservada y se encuentra alojado en la Unidad 16 de Cerrillos, relató que debió realizar diversos pagos para acceder a mejoras en su situación interna y beneficios extramuros. Explicó que primero abonó para que le incrementaran los puntos de concepto, pasando de 0-0 a 10-9, lo que implicaba una mejora en su calificación dentro del régimen penitenciario. Posteriormente, su padre realizó pagos para que pudiera gozar de permisos temporales de salida y, más adelante, efectúo desembolsos adicionales para ser trasladado a la Granja Penal, bajo un régimen de semilibertad.

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El testimonio detalló que los pagos se realizaban bajo distintas modalidades, incluso mediante la entrega de carne proveniente del negocio familiar, generando una deuda que debió reintegrar a su familia. Todo ello, según relató, se efectuaba a cambio de privilegios y facilidades dentro del sistema penitenciario.

La causa cuenta con veinte imputados. Los funcionarios penitenciarios enfrentan cargos por exacciones ilegales agravadas (concusión), comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en un lugar de detención y por funcionarios encargados de la guarda de presos, así como asociación ilícita, en concurso real. Los demás acusados, que incluyen internos y familiares, están imputados por comercialización de estupefacientes agravada y asociación ilícita, también en concurso real.

El tribunal que instruye el juicio está conformado por los jueces Federico Diez, presidente, y Paola Marocco y Javier Aranibar (interino), vocales de la Sala VII del Tribunal de Juicio.

 

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