Corrupción en la cárcel: en el inicio de alegatos, detallaron pruebas a imputados

En la reanudación del juicio que se sigue contra funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos y familiares por hechos de corrupción ocurridos en la Unidad Carcelaria 1, el Ministerio Público Fiscal inició la exposición de sus alegatos con la descripción de pruebas y responsabilidades que, según sostuvo, quedaron acreditadas durante el debate.

La acusación está a cargo de la Unidad Fiscal, integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto. En la primera jornada de alegatos intervino el fiscal especializado en Narcocriminalidad, Gustavo Torres Rubelt, quien hizo hincapié en la existencia de un entramado delictivo enquistado en la estructura penitenciaria, que incluyó la comercialización de estupefacientes, la triangulación de fondos y la comisión de exacciones ilegales.

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El representante del Ministerio Público remarcó que la investigación logró penetrar un contexto de corrupción estructural en el sistema carcelario, donde —en lugar de cumplirse la manda constitucional que establece que las cárceles deben ser “sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos”— se desarrolló un esquema de mercantilización de la vida penitenciaria.

Torres Rubelt sostuvo que los internos no eran alejados del delito sino introducidos en un régimen en el que las conductas, beneficios y hasta la salida extramuros se obtenían mediante pagos ilegítimos. “La droga circulaba con una facilidad inédita dentro del penal y los procedimientos de requisa eran laxos o simulados”, señaló el fiscal, quien añadió que esta situación incrementaba el nivel de reincidencia y socavaba el objetivo de resocialización.

De acuerdo a lo expuesto, la organización estaba conformada por tres segmentos: los internos Manuel Méndez y Héctor Banegas como responsables internos; sus familiares, que gestionaban el dinero y el ingreso de estupefacientes; y personal penitenciario, que facilitaba el funcionamiento del circuito delictivo. El fiscal calificó al grupo como una “empresa criminal sofisticada” que operaba desde el interior mismo del Servicio Penitenciario.

En su intervención también hizo referencia a las transferencias bancarias y movimientos en billeteras virtuales detectados durante la pesquisa, que involucraban a familiares y terceros como intermediarios financieros.

Por su parte, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio profundizó en la figura de las exacciones ilegales, señalando que estas se configuraban como un abuso de poder funcional frente a internos y familiares, quienes no podían actuar con plena libertad ante las exigencias de las autoridades penitenciarias. Relató casos concretos en los que funcionarios exigieron pagos ilegítimos para otorgar beneficios, lo que, según sostuvo, quedó probado en el debate.

La fiscal recordó que la investigación se inició con denuncias formuladas por internos y familiares, y que posteriormente se sumaron informes internos del Servicio Penitenciario que mencionaban a personal de alto rango implicado en maniobras irregulares.

Tras siete horas de alegatos, el Tribunal de Juicio, integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar, dispuso un cuarto intermedio y fijó la reanudación de las audiencias para mañana a las 8:30.