En el juicio contra la red narcocriminal carcelaria, testigos denunciaron irregularidades en la concesión de beneficios a internos que habían cometido faltas graves, poniendo en evidencia inconsistencias en actas y procedimientos del Servicio Penitenciario de Salta.
Judiciales20/08/2025
Por Expresión del Sur
En una nueva jornada del juicio que investiga la supuesta existencia de una red narcocriminal en el ámbito carcelario, testigos aportaron declaraciones sobre inconsistencias en actas del Servicio Penitenciario y en la concesión de beneficios a internos. La audiencia se desarrolló con la presencia del Ministerio Público Fiscal, representado por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, y bajo la supervisión del Tribunal de Juicio compuesto por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar.
Durante la jornada, se destacó que un interno que había cometido una falta grave recibió, apenas cinco meses después, la autorización para realizar trabajo extramuros. A pedido de la defensa, un testigo reconoció su firma en un acta individual del interno, en la que se aprobaba la concesión del beneficio. Paralelamente, la Fiscalía presentó otro documento que consignaba el secuestro de un teléfono celular, dos chips y un cargador al mismo interno, cuestionando cómo pudo recibir un beneficio tan pronto tras una sanción disciplinaria.
El primero en declarar fue un auxiliar administrativo del Consejo Correccional del Servicio Penitenciario, quien trabajó junto al secretario de actas imputado, Sergio Guaymás. Detalló que, durante 2021, se confeccionaron algunas actas generales, mientras que en 2022 no se realizaron. Precisó que Guaymás ordenó redactar todas las actas generales de ese año el mismo día en que dejó su cargo.
Posteriormente, un investigador de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR) relató hechos observados durante una vigilancia sobre una de las imputadas, María Inés Méndez. Señaló la llegada de Luis Castaño con una mochila negra y una bolsa de tela blanca con vivos rojos, y su posterior traslado a su domicilio, información que forma parte de la investigación contra la red.
Otro testigo, alcaide del penal en 2022, afirmó que tanto Bisceglia como Castaño cumplieron sus funciones sin sanciones y que nunca tuvo conflictos con la exdirectora Carina Torres. A pedido de la defensa, reconoció su firma en un acta individual de un interno fechada el 23 de septiembre de 2021, donde constaban los antecedentes del detenido y la aprobación de su pedido de trabajo extramuros, aunque admitió que no figuraban todas las rúbricas de los integrantes del Consejo.
La Fiscalía interrogó al testigo sobre las consecuencias de incautaciones de elementos prohibidos. Este indicó que se trataba de faltas graves sancionadas disciplinariamente, con descuento de puntos en la calificación de conducta. Sin embargo, en el caso del interno mencionado, documentos posteriores mostraban que no recibió sanción alguna, lo que generó cuestionamientos sobre la aplicación correcta de los beneficios.
Durante el debate quedó claro que el Consejo Correccional es el órgano colegiado encargado de evaluar el tratamiento penitenciario y dictaminar sobre los beneficios a los internos. Sus resoluciones se basan en la progresividad de la pena, informes criminológicos, médicos, psicológicos y sociales, y en la calificación de conducta y concepto de cada detenido, indicadores fundamentales para decidir sobre salidas transitorias, régimen de semilibertad, trabajo extramuros o programas de prelibertad.
El Consejo está presidido por el vicedirector del penal e integrado por responsables de distintas áreas, con jefes de pabellón actuando como informantes sobre el comportamiento diario de los internos. Las reuniones, que se realizan semanalmente, deben quedar registradas en un Acta General firmada por todos los asistentes, además de actas individuales por cada interno, donde se consignan antecedentes, informes y decisiones. Los dictámenes favorables se elevan al director del penal para su ejecución.
Durante la décima audiencia del juicio contra ocho funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, testigos revelaron fallas en los controles y procedimientos de la Unidad Carcelaria N°1, que podrían haber facilitado el ingreso y consumo de drogas dentro del penal.
Un hombre septuagenario fue condenado a seis años de prisión domiciliaria por abuso sexual con acceso carnal a una mujer con retraso madurativo en Rosario de la Frontera. La sentencia se dictó tras un juicio abreviado en el que el acusado admitió los hechos.
Inicia el juicio contra Lidia Raquel Cardozo, acusada de asesinar a su hijo Leonel Francia, un niño de 11 años, en un caso que conmocionó a la ciudad. Se solicitará prisión perpetua para la madre.
El Partido Renovador de Salta inició una etapa de reorganización bajo la presidencia de Carlos Folloni. El histórico dirigente de Metán, Roberto Gramaglia, perdió espacio en la interna y ya no forma parte de la estructura partidaria.
Durante la décima audiencia del juicio contra ocho funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, testigos revelaron fallas en los controles y procedimientos de la Unidad Carcelaria N°1, que podrían haber facilitado el ingreso y consumo de drogas dentro del penal.
La muerte del profesor Alejandro Orquera reavivó el repudio de docentes autoconvocados hacia representantes gremiales. Los señalan como responsables de haber pactado con el Gobierno y abandonar a más de 100 cesanteados tras la huelga de 2023.
La subsecretaria de Ambiente, Emilce Arias, detalló que se detectaron 114 puntos crónicos de microbasurales en la Ciudad. “Salimos a los operativos de limpieza con personal de policía rural, que tienen esa facultad de secuestro de los vehículos”, expresó.
Con 172 votos positivos, la insistencia de la ley de emergencia superó ampliamente los dos tercios y ahora pasa al Senado.
