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El senador Esteban D’Andrea presentó un proyecto para declarar la necesidad de una reforma parcial de la Constitución provincial. La propuesta busca suprimir la inmunidad de arresto y de proceso para legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo, con el objetivo de garantizar la igualdad ante la ley y reforzar la transparencia pública.
Política12/11/2025
José Alberto Coria
La discusión sobre los privilegios en la política volvió al centro de la escena. Un proyecto de ley ingresado en el Senado provincial busca declarar la necesidad de una reforma parcial de la Constitución de Salta para suprimir la inmunidad de arresto y de proceso que hoy ampara a legisladores y miembros del Poder Ejecutivo. La iniciativa, impulsada por el senador Esteban D’Andrea, apunta a marcar un antes y un después en la relación entre poder y justicia.


Durante la última sesión ordinaria, tomó estado parlamentario el expediente Nº 90-33.906/2025, que propone modificar los artículos 99 y 143 de la Carta Magna provincial. La reforma se centrará exclusivamente en esos puntos y será tratada por una Convención Constituyente, integrada por convencionales electos por el voto popular. Según el texto, la convención funcionará con la estructura administrativa de la Legislatura y sin generar gastos adicionales, en un plazo máximo de treinta días.
“El proyecto responde a un reclamo histórico de los salteños: terminar con los privilegios y garantizar la igualdad ante la ley”, argumentó D’Andrea. Y remarcó que la intención no es eliminar la inmunidad parlamentaria —que protege la libertad de opinión de los legisladores— sino suprimir los fueros que impiden la detención o el procesamiento judicial mientras ocupan un cargo público.
“El cargo no puede ser un escudo. La política debe recuperar credibilidad y mostrar que nadie está por encima de la ley”, enfatizó el senador.
La propuesta retoma una discusión de larga data en la provincia y a nivel nacional: ¿deben los representantes conservar privilegios judiciales que el ciudadano común no tiene?
D’Andrea sostiene que, si bien las inmunidades surgieron para evitar persecuciones políticas, hoy se transformaron en un símbolo de impunidad. “En democracia, la mejor garantía para un funcionario es su conducta, no su protección legal”, expresó.
El proyecto plantea una reforma acotada, transparente y sin costo adicional. Los convencionales trabajarán ad honorem y la estructura de la Legislatura servirá de soporte operativo. Según el texto, el objetivo es enviar una señal política contundente: la transparencia como base del poder y la igualdad como principio rector del Estado.
En un contexto de creciente desconfianza hacia la dirigencia política, la eliminación de los fueros se presenta como un gesto de reparación simbólica y ética. Desde el entorno del senador afirman que “esta reforma busca fortalecer la credibilidad institucional y restablecer el vínculo de confianza entre la sociedad y sus representantes”.
De aprobarse la ley, Salta se convertiría en una de las pocas provincias del país en avanzar hacia una Constitución sin privilegios judiciales para sus autoridades.



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