
Imputan al empleado del Tribunal de Faltas de Metán y la ciudad habla del caso
El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, imputó a un empleado del Tribunal de Faltas, de 61 años, como presunto autor de fraude y administración fraudulenta.

Cuarenta y cinco años después de los hechos, la Justicia Federal de Salta dictó el procesamiento de cuatro exintegrantes de la Policía provincial por delitos de lesa humanidad cometidos en 1980 contra una adolescente de 15 años en la ciudad de Metán.
Judiciales13/11/2025
Por Expresión del Sur
A casi medio siglo de los hechos ocurridos en el sur salteño, la Justicia Federal de Salta avanzó en una causa por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. La jueza federal Mariela Giménez procesó a cuatro exmiembros de la Policía de la Provincia de Salta por la privación ilegítima de la libertad agravada por abuso funcional y violencia en perjuicio de una estudiante secundaria de entonces 15 años, que actualmente tiene 60.


Los hechos se remontan a septiembre de 1980, cuando un agente policial fue infiltrado como alumno en una escuela de Metán ante la aparición de pintadas consideradas “subversivas”. Ese operativo derivó en la detención ilegal de la adolescente, quien fue mantenida cautiva durante un mes en la comisaría local, sometida a malos tratos y abusos sexuales reiterados.
La resolución judicial, dictada el 15 de octubre de este año, señala que los ataques sexuales eran una práctica sistemática de tortura aplicada contra mujeres detenidas en ese período. La magistrada sostuvo que los abusos sufridos por la joven formaron parte de un patrón de violencia institucional ejercido con total impunidad.
Fueron procesados el excomisario mayor José Paulino Almeida y el exoficial auxiliar Carlos Giménez como autores de los hechos, mientras que la excomisario Marta Adelina Rojas y el exagente Pedro Pablo Piquard fueron imputados como partícipes secundarios.
La investigación fue impulsada por el fiscal general Carlos Amad, del Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta, quien sostuvo la acusación y recopiló testimonios y documentación que permitieron acreditar las detenciones clandestinas y los abusos cometidos en la comisaría de Metán.
La causa se inició a partir de la denuncia de la propia víctima, quien relató haber sido detenida sin orden judicial, interrogada bajo amenazas y sometida sexualmente por dos policías durante su cautiverio. Su testimonio permitió reconstruir no solo su caso, sino también otros episodios de tortura y esclavitud sexual registrados en esa dependencia policial durante los años de la dictadura.
En su resolución, la jueza Giménez dejó constancia de que los abusos sexuales constituyeron una forma de tormento aplicada sistemáticamente, y que las agresiones a las mujeres detenidas tuvieron como fin quebrar su voluntad y anular su identidad.
Con este fallo, la Justicia Federal reafirmó que los delitos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado son crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles y no amparados por ningún beneficio.
La decisión judicial marca un nuevo avance en la búsqueda de verdad y reparación para las víctimas del terrorismo de Estado en el interior salteño, donde aún permanecen abiertas varias causas por hechos cometidos en comisarías y destacamentos policiales del sur provincial.



El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, imputó a un empleado del Tribunal de Faltas, de 61 años, como presunto autor de fraude y administración fraudulenta.

El fiscal penal Gabriel González pidió que el caso sea elevado a juicio, luego de reunir pruebas médicas, periciales y testimoniales que confirman la negligencia del propietario, cuyos caballos vagaban sin control en una de las rutas más transitadas del sur provincial.

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