Pichanal: otra vez un pozo petrolero provoca mortandad de animales y daños ambientales

Una filtración en el pozo LO-X10 volvió a afectar a familias rurales de Pichanal, reactivando un conflicto que lleva más de un año sin respuestas concretas. Comunidades denuncian pérdidas irreparables y exigen controles urgentes.
Ambiente18/11/2025Por Expresión del SurPor Expresión del Sur
Animales muertos

Una nueva fuga de gas y líquidos contaminados en el pozo petrolero LO-X10, operado por la empresa President Petroleum S.A., generó este fin de semana un grave impacto ambiental en la zona rural de Pichanal. La situación reavivó las denuncias de productores y familias que viven en los alrededores, quienes aseguran que el problema se repite desde 2023 sin soluciones definitivas.

Imágenes registradas en el lugar muestran un escenario alarmante: animales muertos, pastizales devastados, árboles totalmente secos y charcos contaminados que se extienden por varios sectores del predio. Según referentes rurales, los derrames y gases liberados ya causaron la muerte de cientos de animales y mantienen un elevado riesgo de incendio debido a la presencia de componentes inflamables en superficie.

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El daño se expande por kilómetros y afecta tanto a la fauna silvestre como a la producción familiar. En muchas zonas aún se observan restos de barro tóxico, residuos químicos y huellas de animales que quedaron atrapados sin poder escapar. Para los pequeños criadores, que dependen del suelo y del agua para sostener su actividad, las pérdidas económicas y ambientales son difíciles de recuperar.

A pesar de los reclamos insistentes de las comunidades, no hubo hasta ahora una respuesta firme que garantice que estas situaciones no volverán a ocurrir. Vecinos y productores piden controles más estrictos, un plan serio de remediación ambiental y la intervención inmediata de las autoridades provinciales y nacionales para frenar el deterioro continuo del territorio.

La nueva fuga vuelve a encender las alarmas en Pichanal y evidencia la urgencia de tomar medidas que protejan a las familias rurales y a un ecosistema que, según advierten los propios habitantes, “ya no resiste otro derrame más”.

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