La Justicia ya investiga la presunta falsificación de postítulos docentes usados para obtener puntaje en concursos. El Gobierno provincial impulsó una denuncia penal inédita y se secuestró documentación clave en el Ministerio de Educación.
Actualidad18/12/2025
Por Expresión del Sur
El escándalo por los postítulos docentes presuntamente falsos utilizados para obtener ventajas en concursos y ascensos en el sistema educativo salteño dio este jueves un salto clave en el plano judicial. Por primera vez, una maniobra de estas características no sólo fue denunciada penalmente por el Gobierno provincial, sino que ya es investigada por la Justicia, con requerimientos formales de documentación al Ministerio de Educación.
La causa se inició a partir de una denuncia penal inédita presentada por el Ministerio de Educación de Salta, con el aval explícito de la ministra Cristina Fiore y del gobernador Gustavo Sáenz, luego de detectar certificados apócrifos utilizados para sumar puntaje en concursos docentes. La investigación apunta a una posible maniobra organizada de alcance provincial, que habría afectado los cuadros de mérito para el ciclo lectivo 2026.
El secretario de Gestión Educativa, Alejandro William Becker, explicó a Expresión del Sur que la irregularidad fue advertida por la Junta Calificadora de Méritos, al observarse la reiteración de certificados con formatos, contenidos e institutos idénticos, presentados por distintos docentes.
“No se trataba de un caso aislado. Había patrones en común que llamaron la atención”, señaló el funcionario. A partir de esos indicios, se inició una auditoría interna sobre los legajos, cuyos resultados preliminares encendieron las alarmas dentro del Ministerio.
Según Becker, la cantidad de casos detectados permite inferir que no se estaría frente a simples falsificaciones individuales, sino ante una estructura más compleja.
“Por los indicios, podría configurarse una defraudación a la administración pública o incluso una asociación ilícita”, advirtió.
Si bien evitó precisar cifras, reconoció que el número de casos es “escandaloso, preocupante y grave”, y que el alcance sería provincial, ya que todas las designaciones docentes pasan por la Junta Calificadora.
Este jueves 18 de diciembre, la causa avanzó formalmente cuando, por disposición de la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, interina en la Unidad de Delitos Económicos Complejos, personal de la UDEC del CIF se presentó en la Secretaría de Gestión Educativa del Ministerio de Educación para cumplir una orden de presentación de documentación.
El procedimiento se realizó en el marco del artículo 312 del Código Procesal Penal de Salta y está vinculado a la investigación por presunta falsificación de certificados, utilizados para incrementar puntaje en concursos y designaciones de cargos.
La fiscal informó que se llevan adelante diversas diligencias investigativas para determinar la procedencia de los certificados y establecer responsabilidades penales.
Desde el Ministerio analizan si los certificados utilizaban nombres y logotipos de institutos reales, que podrían haber sido víctimas de la falsificación. Becker pidió extrema cautela y evitó dar nombres:
“No podemos afirmar, a priori, que esas instituciones hayan emitido legítimamente esos postítulos”.
Remarcó además que la determinación de delitos y responsables excede las facultades administrativas y corresponde exclusivamente a la Justicia.
La denuncia y el avance judicial generaron una ola de reacciones en redes sociales, especialmente entre docentes y ex docentes, que expresaron indignación, bronca y escepticismo. Muchos señalaron que estas prácticas “no son nuevas” y denunciaron acomodos, venta de cursos, certificados apócrifos, domicilios falsos y favoritismos que, aseguran, llevan años dentro del sistema.
También hubo reclamos para que la investigación no quede en anuncios y se avance con sanciones concretas, incluyendo la quita de puntajes, la separación de cargos y la revisión integral de concursos anteriores. El pedido más repetido fue claro: “que esta vez no quede en la nada y que se haga justicia de verdad”.
En paralelo al avance judicial, Becker confirmó que la normativa vigente habilita la suspensión automática por dos años de los procesos de Junta para los docentes involucrados, tanto en nivel inicial y primario como secundario. También se iniciarán sumarios administrativos y los expedientes serán remitidos a sede penal.
Pese a la gravedad del caso, el Ministerio aseguró que se intentará respetar los cronogramas previstos para la publicación de los cuadros de mérito, con el objetivo de no perjudicar a quienes cumplieron correctamente con los requisitos.
Finalmente, Becker subrayó que la denuncia apunta a proteger a los docentes que se capacitan de manera legítima y a garantizar transparencia en el sistema educativo.
“Defender la educación es defender la carrera docente, la transparencia y el derecho de los chicos a una educación de calidad”, sostuvo.
Y fue contundente: “No vamos a dudar ni dar marcha atrás. Caiga quien caiga”.
La iniciativa de la senadora por Anta, Alejandra Navarro, crea un régimen excepcional que permitirá pagar multas de tránsito sin intereses y liberar vehículos retenidos. Tendrá una vigencia inicial de 180 días e invita a los municipios a adherir.
Se iniciaron tareas de limpieza y nivelado en el predio destinado a 115 lotes. El municipio busca avanzar con un proyecto clave para el crecimiento urbano y la demanda habitacional de la zona.
Mientras la Justicia avanza con la investigación, la sociedad observa. Y esta vez, espera resultados.
La Provincia denunció un presunto fraude en concursos docentes por certificados apócrifos. La maniobra podría haber alcanzado a escuelas y docentes de todos los pueblos del interior.
El Gobierno provincial y los gremios estatales firmaron un nuevo acuerdo salarial. Se confirmó un bono extraordinario de $200.000 para enero, el esquema de pagos quincenales entre diciembre y enero y la apertura de paritarias 2026 en febrero.
Por primera vez, el Ministerio de Educación, con respaldo de la ministra Cristina Fiore y del mismo gobernador Gustavo Sáenz, denunció ante la Justicia un presunto fraude en concursos docentes. Detectaron certificados apócrifos usados para sumar puntaje y advierten una maniobra organizada de alcance provincial.
Aunque no hay cifras oficiales, fuentes al tanto del proceso confiaron a Expresión del Sur que la maniobra investigada tendría un alcance provincial y comprometería a docentes de distintos niveles jerárquicos.
Fuentes al tanto de la investigación señalaron que en el colegio N° 5037 de Las Lajitas podría haber un porcentaje muy elevado de docentes alcanzados por la auditoría. Desde el Ministerio y la Justicia mantienen la cautela mientras avanzan las actuaciones.
