Metán: abusó de una menor, fue condenado y nunca pisó una cárcel

La distancia entre una sentencia judicial y su cumplimiento efectivo vuelve a quedar expuesta en Metán, donde una joven que denunció abuso sexual en su infancia convive con el temor de cruzarse con su agresor, pese a que existe una condena firme dictada por la Justicia. 

El condenado es Rodrigo Maximiliano Gómez, de 37 años, exintegrante del Ejército Argentino, hallado culpable por el delito de abuso sexual contra F. Q., cuando la víctima era menor de edad. La Justicia le impuso una pena de ocho años de prisión, fallo que fue confirmado en todas las instancias, incluida la Cámara de Casación. Sin embargo, la condena no se cumple en una unidad penitenciaria.

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Desde hace casi cuatro años, Gómez permanece alojado en la Comisaría N.º 1 de Metán, bajo el argumento de la falta de cupo en el sistema carcelario. Durante ese tiempo, no fue trasladado a un penal, pese a tratarse de una sentencia firme y de cumplimiento efectivo.

Los hechos por los que fue condenado ocurrieron durante la infancia de la víctima y se prolongaron durante varios años. F. Q. logró denunciar recién en la adolescencia, luego de atravesar un proceso psicológico complejo, marcado por cuadros de ansiedad, depresión y reiteradas recaídas emocionales. La denuncia penal se formalizó en 2022.

Ese mismo año, el condenado accedió a un régimen de prisión domiciliaria que, según la víctima y su familia, nunca fue cumplido. Posteriormente, volvió a quedar alojado en la dependencia policial, donde continúa hasta la actualidad.

El temor se intensificó semanas atrás cuando F. Q. se cruzó con Gómez fuera del edificio policial. Según relató, el condenado se encontraba en el exterior, dialogando con familiares, situación que reactivó recuerdos del abuso y le generó una fuerte crisis emocional. “Sentí miedo, angustia y la sensación de que nadie me está cuidando”, expresó.

Fuentes policiales consultadas señalaron que el interno permanece bajo custodia y que realiza tareas internas dentro de la comisaría, vinculadas a la limpieza y mantenimiento, en función de su conducta. Desde la jefatura de la dependencia se negaron irregularidades y se indicó que no existen autorizaciones para salidas externas sin custodia.

La familia de la víctima aseguró que nunca fue notificada formalmente sobre los movimientos del condenado ni sobre eventuales solicitudes de beneficios, lo que profundiza la sensación de desprotección. “Nos dicen que no hay lugar en la cárcel, pero pasan los años y nada cambia”, indicaron.

F. Q. sostiene que su reclamo no apunta a una represalia personal, sino al cumplimiento de la pena en el ámbito correspondiente. También advirtió que existen otras víctimas atravesando situaciones similares y cuestionó el rol del sistema judicial en la etapa de ejecución de las sentencias.

Mientras tanto, la condena sigue sin cumplirse en un penal y la víctima continúa viviendo con miedo. En los hechos, la pena parece pesar más sobre quien denunció que sobre quien fue condenado.