El Galpón–Mollinedo–El Tala: rutas de una red de postítulos truchos

Una serie de procedimientos judiciales realizados en distintos puntos de la provincia volvió a poner bajo la lupa un problema que ya venía siendo advertido por auditores del Ministerio de Educación; el uso de certificaciones apócrifas para escalar posiciones en los listados docentes y acceder a cargos. La causa, que aún está en plena etapa investigativa, dejó al descubierto un circuito clandestino que funcionó en el norte y sur provincial, con derivaciones en San Carlos de Bariloche, y que habría operado durante meses sin quedar registrado por los sistemas oficiales.

Una estructura organizada y con división de roles

La investigación, dirigida por la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, derivó en cuatro allanamientos simultáneos en domicilios de General Mollinedo, El Tala, El Galpón y Embarcación. Allí se secuestró documentación de interés y se detuvo a dos mujeres sospechadas de integrar la maniobra.

Postítulos truchos: la defensa asegura que los docentes fueron víctimas de una estafa

El caso tomó forma a partir de la denuncia presentada el 17 de diciembre de 2025 por el entonces secretario de Gestión Educativa, Williams Becker. Una auditoría interna había detectado un volumen inusual de certificados sospechosos cargados en concursos y procesos de designación. El dato inicial impactó incluso a los investigadores: sobre 292 unidades educativas auditadas, en 291 aparecían documentos presuntamente falsos.

El análisis posterior permitió determinar que tres personas cumplían funciones claves dentro de la operatoria; una mujer radicada en Coronel Mollinedo dedicada a la captación de docentes; otra, domiciliada en Embarcación, que oficiaba de soporte administrativo; y un hombre que operaba desde Bariloche, señalado como responsable digital y presunto receptor de parte de los fondos.

Certificados en PDF, pagos inmediatos y un mercado paralelo

Los investigadores reconstruyeron la mecánica a través del entrecruzamiento de comunicaciones, registros bancarios y pericias informáticas. La captación se realizaba principalmente mediante perfiles de Facebook que ofrecían “diplomaturas” y “postítulos” con puntaje docente, exhibiendo nombres de instituciones reales para otorgar apariencia de legitimidad.

Tras abonar montos que iban desde los 95.000 hasta los 360.000 pesos, los interesados recibían el material en formato PDF, con firmas y sellos escaneados. No mediaban instancias de cursado, exámenes ni certificaciones válidas. Las pericias oficiales confirmaron que la mayoría de los números de registro no existían y que varios habían sido duplicados o asignados de manera arbitraria.

Las cifras recolectadas hasta ahora permiten dimensionar el alcance del perjuicio: 53 docentes lograron mejorar su ubicación en los órdenes de mérito y 9 accedieron a horas cátedra utilizando documentación que, según las pericias, nunca fue emitida por entidades reconocidas. En conversaciones recuperadas por los investigadores, varios de los involucrados admitieron que no habían cursado y que solo buscaban “comprar puntaje”.

Para la UDEC, se trata de un caso de gravedad institucional, no solo por el perjuicio económico, sino por la alteración de la transparencia en los concursos docentes, un mecanismo que debería funcionar con estricta paridad y trazabilidad.

La fiscal Salinas Odorisio dispuso nuevas medidas y continúa el análisis del resto de los registros observados por el Ministerio de Educación. Se prevé que la causa avance con nuevas imputaciones, pericias ampliadas y un examen detallado del circuito completo de transferencias.