Moisés: “El 85% del presupuesto municipal hoy se destina a salarios”

En los municipios del interior de Salta comienza a evidenciarse con mayor claridad el impacto que la desaceleración económica y la caída de los recursos coparticipables tienen sobre las administraciones locales. Intendentes y funcionarios comunales advierten que una porción cada vez más significativa de los presupuestos se destina al pago de salarios, una situación que limita el margen para sostener servicios y afrontar otros compromisos de funcionamiento.

Según datos expuestos por el presidente del Foro de Intendentes de Salta e intendente de Apolinario Saravia, Marcelo Moisés, actualmente cerca del 85% de los presupuestos municipales se dirige al pago de sueldos, una proporción que años atrás se ubicaba entre el 65% y el 66%. El cambio en la estructura del gasto, explicó, responde principalmente a la caída de la coparticipación y al incremento sostenido de los costos operativos que enfrentan las comunas.

La coparticipación federal —integrada en gran parte por impuestos vinculados al consumo, como el IVA— muestra una disminución en contextos de retracción económica. En ese escenario, la reducción en las ventas y en la actividad comercial repercute de manera directa en los recursos que reciben las provincias y, posteriormente, los municipios.

El impacto no se limita al pago de salarios. Las administraciones locales también deben afrontar compromisos vinculados al funcionamiento cotidiano; proveedores, mantenimiento de servicios públicos, compra de repuestos para maquinaria, luminarias, combustible y distintos insumos que sostienen la prestación municipal. Estos gastos corrientes, señalaron desde el Foro de Intendentes, registraron incrementos que complican aún más la planificación financiera.

A ese panorama se suma la actualización salarial acordada en la provincia para el primer semestre de 2026, que establece un incremento del 10% escalonado para los trabajadores estatales: 2,9% en febrero, 2% en abril, 2% en mayo y 3,1% en junio. Los municipios anticiparon que acompañarán el porcentaje definido por el gobierno provincial, aunque advirtieron que algunos componentes adicionales del acuerdo resultan difíciles de absorber para las administraciones comunales.

En paralelo al debate presupuestario, los intendentes describen un aumento de las demandas sociales en distintas localidades del interior. Desde las oficinas municipales señalan que se incrementaron los pedidos de asistencia alimentaria y las solicitudes de ayuda para afrontar gastos básicos, como el pago de servicios domiciliarios.

Funcionarios municipales indican que incluso trabajadores con empleo formal comenzaron a recurrir a las comunas en busca de apoyo económico, un fenómeno que atribuyen al deterioro del poder adquisitivo y al aumento de los costos cotidianos. En algunos barrios también volvieron a plantearse pedidos para reactivar comedores comunitarios.

Este escenario refuerza el rol de los municipios como primer punto de contacto entre el Estado y la población. En numerosas localidades del interior, las intendencias son el ámbito al que acuden los vecinos cuando enfrentan dificultades económicas o necesitan asistencia inmediata.

En este contexto también se reavivó el debate en torno a las tasas municipales. Desde el Foro de Intendentes sostienen que en muchos distritos los tributos locales se mantienen por debajo del costo real de los servicios. Como ejemplo mencionan la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, que en promedio ronda los $8.000 por catastro, una cifra que, según estimaciones municipales, no cubriría el costo total de la recolección de residuos.

A pesar de esa diferencia, los intendentes descartan por ahora la posibilidad de incrementar impuestos. Argumentan que el actual escenario económico y social dificulta cualquier ajuste tributario en localidades donde el vínculo entre vecinos y autoridades se da de manera directa.

Mientras tanto, las administraciones municipales buscan sostener el equilibrio financiero en un contexto de ingresos en descenso y demandas sociales en crecimiento, una combinación que comienza a tensionar la gestión cotidiana de los gobiernos locales en el interior salteño.