


En medio de una seguidilla de hechos viales registrados en los últimos días, el gobernador Gustavo Sáenz respaldó públicamente la aplicación de la Ley 8.477, que establece que los conductores que manejen bajo los efectos del alcohol y provoquen siniestros deberán afrontar los costos derivados de su atención en el sistema de salud pública.
A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario provincial sostuvo que la normativa busca fijar “reglas claras” frente a una problemática que, según remarcó, continúa generando consecuencias graves tanto en términos humanos como económicos. “El que maneja alcoholizado y provoca un siniestro, paga”, expresó.
El planteo se da luego de dos episodios recientes ocurridos en la capital salteña: un vuelco en la circunvalación y la caída de un vehículo en un acceso a la ciudad. De acuerdo con lo señalado por el propio gobernador, ambos casos tuvieron como denominador común la conducción bajo los efectos del alcohol.


La Ley 8.477, sancionada en diciembre de 2024, introduce un cambio en el esquema tradicional de cobertura de los costos sanitarios. A partir de su vigencia, las erogaciones vinculadas a internaciones, intervenciones médicas y medicamentos derivados de este tipo de siniestros dejan de ser absorbidas por el sistema público y pasan a ser responsabilidad de quien incurrió en la infracción.
En su publicación, Sáenz planteó que la medida no se limita a una cuestión económica, sino que apunta a reforzar criterios de responsabilidad individual y prevención. En esa línea, vinculó la normativa con la necesidad de desalentar conductas de riesgo al volante.
El tema volvió a instalarse en la agenda pública a partir de los últimos accidentes, que reavivaron el debate sobre el consumo de alcohol en la conducción y sus consecuencias. Desde el Ejecutivo provincial sostienen que la aplicación de la ley busca no solo ordenar el uso de recursos del sistema de salud, sino también generar un efecto disuasivo.
La problemática de la siniestralidad vial asociada al alcohol continúa siendo uno de los ejes de preocupación en materia de seguridad en Salta, con episodios que periódicamente vuelven a poner en foco la conducta de los conductores y el impacto que estas acciones tienen sobre terceros y sobre el sistema público.


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