Un dato sobre la línea telefónica complica al imputado en Metán

Judiciales11/04/2026Por Expresión del SurPor Expresión del Sur
Sergio Márques

La investigación judicial por las intimidaciones dirigidas al intendente de San José de Metán continúa su curso con un hombre de 42 años imputado y bajo detención, a la espera de nuevas medidas dispuestas en el expediente.

El fiscal penal 2, Gonzalo Gómez Amado, atribuyó de manera provisional a Sergio Reinaldo Márques la autoría de dos hechos de amenazas agravadas. La causa se originó a partir de la denuncia presentada por el jefe comunal, José María Issa, quien señaló haber recibido mensajes de tono intimidatorio en su teléfono personal, con referencias explícitas a su entorno familiar.

José María Issa“Cuidá a tu familia”: amenazan al intendente de Metán

Las actuaciones incorporaron luego una presentación del subsecretario de Seguridad, Federico Delgado, quien también reportó comunicaciones de similares características, en las que se lo instaba a dejar su cargo.

De acuerdo con lo que trascendió en el marco de la investigación, la línea utilizada para el envío de los mensajes habría sido activada por el propio Márques, circunstancia que forma parte de los elementos bajo análisis en el expediente. A partir de esas actuaciones, se dispuso un allanamiento en su domicilio, donde se secuestraron teléfonos celulares y tarjetas SIM que quedaron incorporados a la causa.

El imputado fue trasladado a la Unidad Carcelaria N° 2. Durante la audiencia, asistido por el defensor oficial Edgardo Martínez, optó por no prestar declaración. En tanto, el intendente se constituyó como querellante con el patrocinio del abogado Nicolás Ruiz.

El juez de Garantías interviniente, Mario Dilascio, resolvió mantener la detención mientras se desarrollan nuevas diligencias. En paralelo, la fiscalía avanza con pericias sobre los dispositivos secuestrados y otras medidas orientadas a reconstruir la secuencia de los hechos.

El delito de amenazas agravadas, en las condiciones que se investigan, prevé penas de hasta tres años de prisión, conforme a lo establecido por el Código Penal.

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