La escena ocurrió en silencio, detrás del vidrio espejado de una sala judicial en San Juan. Del otro lado, fiscales y defensores seguían atentos cada palabra. La adolescente tenía apenas 13 años cuando comenzó el horror que terminó con una condena histórica por trata de personas. Durante la cámara Gesell, realizada el 8 de abril de 2025, relató con una naturalidad que dejó helados a quienes escuchaban cómo había sido entregada por su propia familia a un hombre de 20 años para convertirse en su “esposa”.

Mientras fumaba cigarrillo tras cigarrillo, respondió preguntas de una psicóloga de la Dirección de Género del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano de San Juan. Lo hizo sin titubeos, como quien describe algo habitual dentro de su entorno. Allí apareció una expresión que más tarde se volvería clave en el expediente: “abrir camino”.

—¿Qué es abrir el camino?, preguntó la profesional.

—Cuando saben que sos virgen y te traen asado, respondió la menor.

La adolescente explicó luego que debía acostarse con el hombre con el que se casaría para que éste comprobara su virginidad. “Me tuve que meter con mi marido en la cama”, dijo.

La víctima nunca fue escolarizada. Es analfabeta. Nació en Catamarca y pertenece a la comunidad gitana. Según determinó la investigación judicial, en 2022 sus padres la entregaron a la familia de su primo —también gitano— a cambio de 825 mil pesos. El hombre tenía entonces 20 años y pasó a convivir con ella bajo una unión celebrada como un supuesto “rito cultural”, aunque para la Justicia se trató de un caso de explotación infantil y reducción a servidumbre.

El ahora condenado era además primo sanguíneo directo de la adolescente por parte materna.

Embarazos, golpes y explotación

La causa reconstruyó un cuadro de violencia sostenida durante años. La joven quedó embarazada en dos oportunidades. El primer embarazo terminó en un aborto espontáneo en septiembre de 2023, cuando fue asistida en el Hospital Protomédico Manuel Rodríguez de Recreo, Santa Fe. El segundo llegó a término y el bebé nació el 24 de agosto de 2024 en el Hospital Iturraspe.

Durante ese tiempo, según la acusación fiscal, la menor fue sometida a explotación doméstica, laboral y sexual.

Los fiscales Fernando Alcaraz y Alejandra Mángano, titular de PROTEX —el área especializada en trata de personas—, sostuvieron que la adolescente era obligada a realizar tareas domésticas para toda la familia y salir a vender medias en la vía pública incluso durante el embarazo y bajo temperaturas extremas.

En su declaración, la joven relató episodios de extrema violencia.

“Me pegaban, me quemaban con cigarrillos, no me daban de comer”, afirmó.

También aseguró que sufría amenazas constantes y que debía entregar todo el dinero obtenido en la venta ambulante. A su suegra la llamaba “madre”.

La investigación señaló además que el aislamiento social fue determinante para sostener la situación de sometimiento. El analfabetismo, la dependencia económica y las reglas impuestas dentro del grupo familiar aparecen como elementos centrales del caso.

El intento de fuga y el rescate

Uno de los episodios más dramáticos ocurrió en abril de este año, en San Juan.

La adolescente se encontraba junto a su hijo y parte de su familia biológica cuando Alberto e Isabel Cristo —padres del condenado— llegaron desde Santa Fe. Según la acusación, aprovecharon un descuido para obligarla a subir a una camioneta e intentar trasladarla nuevamente.

En cercanías de Caucete, la joven intentó escapar con el bebé en brazos. Corrió hacia una estación de servicio mientras era perseguida por la mujer. Finalmente fue alcanzada y subida otra vez al vehículo.

La secuencia fue advertida por testigos y registrada por cámaras del Centro Integral de Seguridad y Monitoreo. Tras un llamado al 911, personal policial interceptó la camioneta y logró rescatar a la víctima y al niño.

Condena histórica por trata de personas

El Tribunal Oral Federal de San Juan condenó a Alberto Cristo, Isabel Cristo y Franco Cristo a diez años de prisión por trata de personas agravada. La sentencia fue dictada por el juez Daniel Doffo.

Además de las penas de prisión, el fallo incluyó una reparación económica de 75 millones de pesos para la víctima, considerada una cifra inédita en la provincia para este tipo de delitos.

La investigación estableció que la unión forzada derivó en una situación de servidumbre doméstica, laboral y sexual.

“El matrimonio infantil está prohibido por los tratados internacionales de derechos humanos”, sostuvo durante el juicio la fiscal Alejandra Mángano.

Por su parte, el fiscal Fernando Alcaraz remarcó que ninguna práctica cultural puede justificar la vulneración de derechos fundamentales de niñas y adolescentes en territorio argentino.

Una causa que expuso un sistema de sometimiento

El expediente también dejó al descubierto las diferencias económicas entre ambas familias. Mientras la familia de la adolescente atravesaba situaciones de pobreza extrema y vida itinerante, los condenados poseían varias camionetas y vehículos registrados a su nombre, vinculados al negocio de compra y venta de automóviles.

Parte de esos bienes podría ser rematada para garantizar la reparación económica ordenada por la Justicia.

Actualmente, la menor permanece con su familia biológica debido a su condición de menor de edad. Sin embargo, sus padres también fueron imputados en la causa.

Un informe psicológico incorporado al expediente describió a la adolescente con un fuerte cuadro de ansiedad, desborde emocional y deterioro en sus capacidades de autocuidado.