Golpe a la zona fría: miles de usuarios perderán descuentos en el gas

Mientras el Gobierno avanza con cambios en el régimen de zona fría, detrás de la discusión tarifaria asoma otro problema: una deuda cercana a los $100.000 millones que el Estado mantiene con empresas distribuidoras y subdisuidoras de gas por subsidios aún no cancelados.

Se trata de pagos correspondientes a consumos realizados entre los últimos meses de 2025 y el primer trimestre de este año. Según fuentes del sector energético y funcionarios vinculados al área económica, los atrasos acumulan entre tres y cuatro meses y forman parte de una estrategia financiera aplicada por la administración nacional para sostener el equilibrio fiscal.

En términos técnicos, la deuda es considerada “flotante”. El servicio ya fue prestado y el subsidio reconocido, pero el desembolso todavía no llegó. En el mercado energético aseguran que el mecanismo se volvió habitual en medio del ajuste de las cuentas públicas encabezado por el Ministerio de Economía.

El esquema de zona fría funciona a través de un fondo fiduciario financiado con un recargo del 7,5% incluido en las facturas de gas que pagan usuarios de regiones no alcanzadas por el beneficio, además de industrias y grandes consumidores. Con esos recursos se subsidian entre un 30% y un 50% de las tarifas residenciales en provincias y localidades con bajas temperaturas.

En el Congreso hablan de “reordenar subsidios” y en Salta de cómo sobrevivir al invierno

El sistema, sin embargo, comenzó a mostrar desequilibrios después de la ampliación aprobada en 2021. El régimen pasó de abarcar unos 900 mil usuarios a más de 3,4 millones en todo el país, incorporando ciudades y localidades del interior que hasta entonces no estaban incluidas.

Esa expansión elevó de manera considerable el costo del programa. El fondo, que años atrás registraba superávit, terminó dependiendo de transferencias del Tesoro para cubrir el déficit. Datos oficiales y estudios elaborados por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet indican que durante el año pasado el Estado nacional debió aportar más de $40.000 millones para sostener el esquema.

Ahora, el Gobierno apunta a reducir la cantidad de beneficiarios. Quedarán excluidos quienes registren ingresos familiares superiores a los $4 millones mensuales. La medida busca disminuir el gasto del fondo fiduciario y liberar recursos para comenzar a cancelar la deuda acumulada con las empresas del sector.

En paralelo, los cambios también generan impacto sobre el negocio energético. Las exportaciones de gas seguirán exentas del recargo que financia la zona fría y la misma condición alcanzará a proyectos vinculados al Gas Natural Licuado (GNL). Entre las compañías beneficiadas aparecen firmas como YPF, Pan American Energy y Pampa Energía, además de otros grupos que participan en proyectos de exportación.

Dentro del sector sostienen que la decisión busca mejorar la competitividad de las ventas de gas al exterior y atraer inversiones para nuevos desarrollos energéticos.

Mientras tanto, el Gobierno apuesta a que el recorte de subsidios permita recomponer las cuentas del fondo fiduciario y, eventualmente, reducir la carga del recargo que hoy pagan hogares, industrias y generadoras eléctricas en gran parte del país.