La violencia de género plantea uno de los desafíos más complejos para el sistema público. La experiencia acumulada por organismos judiciales, sanitarios y de asistencia social demuestra que la eficacia de una medida de protección no depende únicamente de una denuncia o de una resolución judicial, sino también de la capacidad que tienen las instituciones para actuar de manera coordinada y sin demoras.

Bajo esa premisa, el municipio de Metán formalizó su adhesión a una estrategia impulsada por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta destinada a mejorar la articulación entre organismos que intervienen ante situaciones de violencia. La iniciativa involucra al Poder Judicial, áreas de salud, fuerzas de seguridad, organismos provinciales y gobiernos locales.

Durante la jornada, el intendente José María Issa sostuvo que la violencia de género exige una respuesta integral y articulada del Estado, al tiempo que remarcó que los municipios cumplen un papel importante por su cercanía cotidiana con quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

En ese marco, recordó que desde el inicio de su gestión el municipio mantiene dispositivos de acompañamiento y asistencia destinados a personas afectadas por hechos de violencia, una política que —según explicó— se sostuvo incluso en un contexto nacional marcado por la reestructuración y eliminación de organismos vinculados a género y diversidad.

Issa señaló que, lejos de reducir la intervención municipal, la comuna decidió ampliar el alcance de sus herramientas de asistencia mediante la creación de la Unidad Abordaje Territorial, un espacio que integra acciones vinculadas a violencia de género, asistencia social, diversidad y acompañamiento comunitario.

Explicó que la decisión apuntó a fortalecer la presencia del Estado en el territorio y optimizar los recursos disponibles para brindar una atención más amplia e integral a las personas que requieren contención y acompañamiento. "Las respuestas no pueden construirse de manera aislada. Se necesita coordinación entre el municipio, la Justicia, el sistema de salud, las fuerzas de seguridad y los organismos especializados para que la asistencia llegue cuando realmente se necesita", afirmó.

Asimismo, confirmó que durante el encuentro se analizaron alternativas para profundizar el trabajo conjunto con organismos provinciales y avanzar en nuevas acciones destinadas a fortalecer los mecanismos de prevención, asistencia y protección en la ciudad.

La jueza de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de Primera Nominación del Distrito Judicial del Sur, Frida Bosernitzan, explicó que la firma del acta representa el resultado de un trabajo iniciado meses atrás junto al Observatorio de Violencia contra las Mujeres.

Según detalló, el proceso comenzó con reuniones destinadas a relevar necesidades específicas del Distrito Judicial del Sur y detectar aquellos aspectos que requerían una mayor coordinación entre organismos.

La magistrada consideró que la amplia participación registrada durante la jornada evidencia una comprensión cada vez mayor sobre la complejidad del fenómeno y sobre la necesidad de construir respuestas institucionales integradas.

En esa misma línea, la integrante del Directorio del Observatorio de Violencia contra las Mujeres por el Poder Judicial, Pilar González Sastre, explicó que la iniciativa forma parte de un programa provincial que ya fue implementado en otras jurisdicciones.

La funcionaria señaló que el propósito central es optimizar los procedimientos de actuación y garantizar que las personas que atraviesan situaciones de violencia encuentren canales de atención más claros, accesibles y eficientes.

"La urgencia que caracteriza a estos casos obliga a revisar permanentemente cómo están funcionando las instituciones y de qué manera pueden mejorar sus respuestas", indicó.

Por su parte, la licenciada Natalia Fuentes sostuvo que una de las principales preocupaciones detectadas por el Observatorio es la revictimización que muchas veces sufren las personas cuando deben recorrer distintos organismos relatando reiteradamente una misma situación.

Frente a esa realidad, explicó, se trabajó en la elaboración de un flujograma específico para el Distrito Judicial del Sur que ordena procedimientos, define responsabilidades y establece mecanismos de articulación entre las distintas instituciones intervinientes.

La herramienta incorpora además aspectos vinculados a medidas de protección, atención en salud mental y disponibilidad de servicios en localidades alejadas de los grandes centros urbanos, una realidad que presenta desafíos diferentes a los existentes en la capital provincial.

La firma del acuerdo marca ahora el inicio de una etapa de seguimiento destinada a evaluar la eficacia de las medidas adoptadas. El objetivo final es que la coordinación institucional deje de ser una expresión formal y se traduzca en respuestas más rápidas, accesibles y efectivas para las personas que atraviesan situaciones de violencia.