Denunciado por violencia, pidió la cuota alimentaria a su ex y el juez la rechazó

El Juzgado de Violencia Familiar y de Género de Metán rechazó el planteo de un hombre que había solicitado que su expareja le pagara una cuota alimentaria por los hijos que conviven con él. La decisión fue dictada por el juez Carmelo Paz, en el marco de una causa iniciada por una denuncia de violencia familiar.

La presentación había sido realizada por la abogada del hombre, quien pidió que se fijara una cuota alimentaria provisoria a favor de los menores que viven con su representado. El argumento central fue que la mayoría de los hijos de la expareja residían con el padre.

Sin embargo, el juez rechazó el pedido al analizar el contexto completo del caso. Según surge de la resolución, la pareja tiene cuatro hijos en común y la mujer ya venía cumpliendo con una cuota alimentaria fijada judicialmente cuando, por razones laborales, debió trasladarse a la ciudad de Salta.

En la causa también se tuvo en cuenta que el hombre habría bloqueado deliberadamente la tarjeta de cobro de la mujer, impidiéndole acceder al dinero correspondiente a la cuota alimentaria. La resolución menciona, además, que esa situación se habría repetido como forma de amenaza dentro del vínculo.

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Otro punto evaluado por el magistrado fue que, cuando la mujer quedó al cuidado de los cuatro hijos, el hombre no habría aportado dinero para su manutención. Pese a ello, ella continuaba abonando la cuota establecida por una resolución anterior respecto de los hijos que permanecían con el padre.

Al resolver, Paz cuestionó la idea de que la obligación alimentaria deba recaer automáticamente sobre quien tiene un empleo formal o ingresos acreditados. Sostuvo que esa mirada puede dejar de lado la corresponsabilidad parental y generar una desigualdad, especialmente cuando una de las partes no informa de manera precisa cuáles son sus ingresos.

En ese sentido, el juez remarcó que la aplicación de la ley no puede ser aislada del contexto familiar ni de los antecedentes de violencia denunciados. También recordó que el Estado debe adoptar medidas para evitar situaciones de desigualdad y que la perspectiva de género permite revisar decisiones que, bajo una apariencia neutral, pueden terminar consolidando desventajas reales.

La resolución hizo referencia al principio de equilibrio en las condiciones de vida de los hijos en ambos hogares, pero señaló que ese criterio no puede ser utilizado sin considerar la conducta de cada progenitor, los aportes ya realizados y el marco de violencia familiar planteado en el expediente.

Finalmente, el magistrado resolvió no hacer lugar al pedido del hombre denunciado y dispuso que cada progenitor deberá afrontar los gastos de los hijos menores que convivan con él o con ella.