Audio revela cómo una presunta banda exigía hasta $10 millones para devolver ganado robado

Una investigación judicial que se desarrolla en el sur del departamento Anta y en Rivadavia Banda Sur puso al descubierto el accionar de una presunta organización dedicada al abigeato, la usurpación de tierras, la tala ilegal y la extorsión a productores rurales. Entre las pruebas incorporadas al expediente figura un audio al que Expresión del Sur tuvo acceso y que expone la modalidad con la que, presuntamente, operaba el grupo para exigir dinero a cambio de permitir que los damnificados recuperaran sus animales.

En la causa interviene la fiscal penal N° 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, a través de la Delegación El Quebrachal a cargo del auxiliar Rolando Fabián Saval Soto.

Según difundió el Ministerio Público Fiscal, el 18 de junio último, con orden judicial, personal de la División Rural y Ambiental realizó un allanamiento en una propiedad rural de Talavera. En este operativo secuestraron 27 animales vacunos denunciados como robados, además de vehículos, teléfonos celulares, armas de fuego, proyectiles, prendas de vestir, elementos utilizados para la faena de animales y otros objetos considerados de interés para la investigación.

Golpe al abigeato en Anta: cinco detenidos y secuestro de armas y vehículos

Hasta el momento hay 5 detenidos que fueron imputados de forma provisional como coautores del delito de abigeato agravado por el número de cabezas sustraídas, la utilización de un medio motorizado de transporte y la participación de varias personas. A tres de ellos, además, se los imputó como coautores del delito de tenencia y portación ilegal de armas de fuego de uso civil.

García Pisacic señaló que trabaja ante la presunción de que los sospechosos actuaban de forma organizada en la sustracción de ganado. Además, destacó la tarea del personal policial, especialmente de la División Rural y Ambiental.

Por otro lado, uno de los denunciantes aseguró a Expresión del Sur que existen otros dos presuntos integrantes de la organización que permanecen prófugos. Hasta el momento, la Fiscalía no confirmó oficialmente esa información.

La organización habría montado una estructura destinada a apropiarse de campos, encerrar animales mediante extensos alambrados y exigir dinero a sus propietarios para recuperarlos. También se investiga la utilización de uniformes similares a los policiales para realizar falsos controles sobre el camino rural conocido como Desvío de Segheso, donde presuntamente interceptaban a productores y compradores de hacienda.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, la investigación también se vincula con un procedimiento realizado en mayo por la Policía Federal en el marco de una causa por presunta trata de personas. En ese operativo fueron rescatados 30 trabajadores indígenas que habían sido trasladados desde Rivadavia Banda Sur a un campo del departamento Anta, donde, según la investigación, eran sometidos a condiciones inhumanas de trabajo y alojamiento junto a niños y niñas. Durante el procedimiento también se detectaron tareas de tala y elaboración de postes de quebracho

La pesquisa se inició a partir de las denuncias de varios productores ganaderos que aseguraron haber quedado sin acceso a sus animales luego de que el grupo alambrara varios kilómetros en pocos días. Según consta en la investigación, algunos denunciantes afirmaron haber recibido exigencias de dinero para recuperar la hacienda y, en algunos casos, aseguraron que incluso después de realizar pagos nunca lograron recuperar sus animales. Entre los productores afectados se encuentran integrantes de las familias Mendoza, Cuéllar, Burgos, Montenegro y los hermanos Diego y Federico Protti, entre otros.

En ese contexto, Expresión del Sur tuvo acceso a uno de los audios incorporados a la causa. Se trata de una conversación telefónica de casi seis minutos entre uno de los presuntos integrantes de la organización y Mendoza, uno de los productores denunciantes. Según indicó otro de los denunciantes a este medio, el interlocutor sería uno de los hombres que permanecen prófugos y se desempeñaría como delegado sindical.

Durante la conversación, el integrante de la banda propone un acuerdo económico para retirar a las personas que ocupaban el predio y permitirle recuperar sus animales. "Si usted me pone plata, yo le dejo un camino limpio para que usted trabaje y saque su animal", le dice. Minutos después fija el monto de la negociación: "Necesito siete palos para mí y tres palos para Coccioli", sostiene. "Coccioli" sería hijo de un ex diputado de Anta.

Cuando Mendoza responde que no dispone de ese dinero, el interlocutor insiste en que tiene poder de decisión dentro del grupo y reduce la exigencia. "Bueno, poneme cinco... Yo le saco toda la gente. El que pone la gente soy yo, que toma las decisiones. La palabra es mía", afirma, para luego remarcar: "Yo manejo todo".

La presión continúa durante toda la llamada. "Si no negociamos, él le va a pedir el 50%. Y si no, le voy a tener que hacer todo el alambrado y van a quedar todos los animales", advierte. Hacia el final vuelve a insistir para que el productor reúna el dinero si pretende recuperar su hacienda. "Vos querés recuperar tus animales, tratá de hacer eso... porque si hacen demanda va a ir a juicio y mientras tanto vamos a empezar a cargar todo", sostiene. Antes de cortar, pide que la negociación permanezca en reserva: "Que quede entre yo, usted y Coccioli, nada más, por favor".

Según trascendió,  dentro del predio allanado habían sido encerrados más de un centenar de animales, aunque al momento del procedimiento solo pudieron recuperarse 27. La hipótesis es que el resto habría sido faenado o comercializado de manera ilegal.

Entre las personas detenidas se encuentra además S. T., a quien uno de los denunciantes señaló como cuñado del intendente de Rivadavia Banda Sur, Leopoldo Cuenca. 

Desde la Fundación Granaderos del Sur, su presidente, Alvaro Ortíz de Urbina, advirtió que la existencia de organizaciones de estas características "pone en jaque la propiedad privada en la zona" y reclamó mayores recursos para la Policía Rural y una actuación más rápida de la Justicia. "La Policía Rural necesita medios adecuados, entre ellos móviles, y la Justicia debe actuar con más celeridad", sostuvo. El dirigente también consideró que la investigación debe avanzar para determinar quiénes financiaban la estructura logística que habría permitido el funcionamiento de la presunta organización delictiva.