El hambre pudo más que la vergüenza. Antonio Fernández, de 77 años, pidió prestado un celular y llamó a Spacio TV mientras el noticiero estaba al aire. No buscaba contar una historia ni hacer una denuncia pública. Necesitaba comida.

“Tengo hambre. Por favor, ayúdenme”, dijo con la voz quebrada. Durante la comunicación explicó que no podía caminar, que no tenía dinero para comprar alimentos ni medicamentos y que dependía de la ayuda de otras personas hasta para calentar agua. Su situación se conoció en toda la ciudad en cuestión de minutos.

Los primeros en reaccionar fueron los vecinos. Mientras Antonio todavía hablaba por teléfono, comenzaron a llegar mensajes y ofrecimientos de ayuda. La repercusión también puso en marcha una intervención de las áreas municipal y provincial encargadas de la protección de las personas mayores.

Por directivas del intendente José María Issa, el área de Adultos Mayores de la Municipalidad de San José de Metán tomó intervención y realizó un relevamiento de las condiciones sociales y sanitarias del vecino. La responsable del organismo, Liliana Nieva, elaboró el informe y lo remitió a la Secretaría de las Personas Mayores de la Provincia.

La presentación permitió gestionar una respuesta para cubrir las necesidades más urgentes. Desde el organismo provincial enviaron una silla de ruedas, una cama, un colchón, frazadas, sábanas, ropa, calzado, una gorra y módulos alimentarios. La entrega se realizó con la participación del doctor Daniel López, representante de la Secretaría.

Antonio pudo sentarse en la silla de ruedas y salir al patio de su vivienda. Allí relató que desde hace meses permanece con movilidad reducida y que el dolor en los pies le impide desplazarse con normalidad. También contó que necesita medicación para la presión y analgésicos, aunque muchas veces no dispone del dinero necesario para comprarlos.

“No tengo nada. Todos los días lloro”, expresó durante la visita. Su esposa y uno de sus hijos fallecieron, según contó, y actualmente depende de la colaboración de personas cercanas para alimentarse y atender las tareas más elementales.

La asistencia material fue apenas el primer paso. El Municipio coordinó una evaluación médica para determinar el estado general de Antonio y el tratamiento que requiere, especialmente por las lesiones que presenta en sus pies. Además, se iniciarán trámites ante PAMI para que pueda acceder regularmente a las prestaciones y los medicamentos que le corresponden.

También se trabajará sobre el suministro eléctrico. El vecino no cuenta con un medidor propio y recibe energía mediante una conexión prestada. El caso será presentado ante EDESA y el Ente Regulador de los Servicios Públicos para analizar una solución dentro del sistema formal.

Una deuda que deberá investigarse

Durante la llamada televisiva, Antonio aseguró que le habían sustraído documentación y tarjetas bancarias, y que alguien habría gestionado un crédito utilizando sus datos y falsificando su firma. Según relató, esa deuda genera descuentos sobre sus ingresos.

El hombre reconoció que todavía no había realizado la denuncia. Su estado de salud, la imposibilidad de caminar y la falta de dinero para trasladarse hasta el banco le impedían iniciar el trámite.

El doctor López anticipó que la Provincia acompañará la presentación del caso ante los organismos correspondientes. La posible utilización irregular de la documentación y el origen de la deuda deberán ser investigados antes de establecer responsabilidades.

El seguimiento continuará

Nieva explicó que la situación de Antonio ya era atendida con alimentos, pero reconoció que el caso exige una solución más amplia. “No ganamos nada con traerle comida un día y que después el abuelo no pueda comer todos los días”, señaló.

Issa dispuso que el área municipal mantenga el acompañamiento y refuerce las visitas domiciliarias para detectar a otras personas mayores que vivan solas, no tengan ingresos o encuentren dificultades para acceder a la atención sanitaria y a los beneficios sociales.

Durante la misma recorrida, los equipos visitaron a una mujer de 66 años con discapacidad que no percibiría jubilación ni pensión. Recibió módulos alimentarios y su situación fue incorporada a las gestiones que se realizarán con la Provincia.

La Secretaría de las Personas Mayores informó que trabajará junto con el Municipio en el seguimiento de ambos casos. Las próximas acciones incluirán controles médicos, trámites administrativos y asistencia legal.

Un teléfono prestado y un pedido hecho en vivo bastaron para movilizar a los vecinos y acelerar la intervención del Estado. Ahora quedará por delante la parte más difícil; sostener la asistencia y resolver los problemas que todavía condicionan su vida diaria.