Hay una reforma política dando vueltas en el Gobierno nacional, pero por ahora lo que sobra son versiones y lo que falta son certezas.
La eliminación de las PASO aparece como uno de los principales objetivos de la Casa Rosada. El Gobierno de Javier Milei considera que las primarias son costosas, multiplican las instancias electorales y, en determinados escenarios, terminan funcionando como una herramienta de ordenamiento para las fuerzas opositoras.
Pero eliminar las PASO no es solamente borrar una fecha del calendario electoral. También significa modificar una de las reglas bajo las cuales los partidos y alianzas deberán organizarse para competir en las próximas elecciones. Y ahí aparece el verdadero problema: los votos no están asegurados.
El oficialismo todavía no cuenta con los apoyos suficientes para garantizar la aprobación de una reforma electoral amplia. Incluso entre algunos de sus aliados parlamentarios existen reparos. PRO y UCR, que en distintos momentos acompañaron iniciativas del Gobierno, tampoco aparecen como un bloque automático a la hora de respaldar cada cambio.
Por eso, la discusión empieza a trasladarse desde el Congreso hacia las provincias.
Los gobernadores, una pieza clave
La Casa Rosada necesita construir acuerdos con los gobernadores. Y no solamente por una cuestión institucional: los mandatarios provinciales tienen capacidad de influencia sobre legisladores que serán decisivos al momento de votar.
La política argentina vuelve así a mostrar una vieja regla: ninguna reforma electoral importante se consigue solamente con voluntad presidencial.
Para avanzar, el Gobierno necesita acuerdos políticos confiables. Y esos acuerdos, en muchos casos, tendrán que construirse provincia por provincia.
Mientras tanto, dentro del oficialismo aparecen distintas alternativas.
La eliminación definitiva de las PASO sigue siendo la opción que algunos sectores consideran prioritaria. Pero también se analiza la posibilidad de suspenderlas para 2027 o establecer una primaria de carácter no obligatorio.
Las diferencias no son menores. Cada alternativa modifica de manera diferente el escenario en el que deberán competir oficialismo, oposición, partidos provinciales y eventuales alianzas.
¿Reforma integral o cambio puntual?
La otra discusión pasa por el alcance de la reforma.
El proyecto no se limita a las PASO. También contempla cuestiones vinculadas al financiamiento de los partidos políticos, la publicidad electoral y otros aspectos del sistema.
Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es reducir la cantidad de veces que los argentinos deben concurrir a las urnas, bajar los costos electorales y ordenar algunos mecanismos de campaña.
Pero cuanto más amplio sea el proyecto, más difícil será conseguir consenso.
Por eso, dentro de la propia política oficialista conviven dos escenarios: quienes creen que todavía hay tiempo para construir los acuerdos necesarios y quienes empiezan a admitir que una reforma integral podría quedar en el camino.
En ese segundo escenario aparece una alternativa mucho más sencilla: suspender las PASO en 2027 y dejar para más adelante una reforma electoral de mayor alcance.
El dato político detrás de la reforma
La discusión tiene además una dimensión que excede el funcionamiento del sistema electoral.
La Libertad Avanza se prepara para disputar una elección que será determinante para el futuro político de Milei. Después de las legislativas, el oficialismo buscará consolidar su poder y avanzar con mayor margen en su programa de gobierno.
Por eso, modificar las reglas electorales antes de esa competencia no es un asunto menor.
Pero tampoco lo es para la oposición.
Las PASO pueden ser cuestionadas por su costo o por su funcionamiento, pero también constituyen una instancia que permite ordenar internas, construir candidaturas y medir fuerzas antes de una elección general.
Eliminar esa herramienta puede obligar a los espacios opositores a resolver sus diferencias mediante acuerdos previos. Y ahí radica una de las claves políticas de toda esta discusión.
La incógnita está abierta
Por ahora, el Gobierno insiste en que buscará avanzar con el proyecto antes de fin de año.
La pregunta es si podrá construir la mayoría necesaria.
Porque una cosa es anunciar una reforma y otra muy diferente es conseguir los votos para cambiar las reglas con las que todos deberán competir.
En el Congreso, los números todavía no aparecen claros. En las provincias, los gobernadores esperan conocer qué ofrece la Casa Rosada. Y dentro del propio oficialismo conviven quienes apuestan por una reforma integral con quienes ya imaginan un camino más pragmático.
Por eso, más que una reforma definida, lo que hoy existe es una negociación política en marcha.
Y quizás esa sea la verdadera noticia: antes de discutir cómo serán las próximas elecciones, el Gobierno deberá acordar con quienes tienen los votos para hacer posible el cambio.
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