Así lo determinó el fiscal Marijuan en la causa que investiga “defraudación contra la administración pública”. En la provincia diferencian al personal contratado y a quienes pueden haber ingresado luego de ser beneficiados con el plan.
Judiciales 09/02/2024
José Alberto Coria
El escándalo por la posible utilización política del Potenciar Trabajo durante los últimos cuatro años va en aumento. Al menos 9.041 empleados provinciales de 20 provincias y CABA cobraban esa prestación, un hecho incompatible. La cifra no es definitiva, aún falta la información de Tierra del Fuego, Chubut, La Pampa y Catamarca. Esos cuatro distritos ya fueron intimados por Guillermo Marijuan, el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS) que investiga irregularidades que se podrían tipificar como “defraudación contra la Administración Pública”. Según los cálculos realizados por la justicia, el desfalco al Estado Nacional actualizado es de $705.198.000 por mes, o de casi ocho mil millones de pesos anualizado.
Marijuan solicitó a los fiscales y magistrados de cada distrito que “se proceda a ordenar al área del Ministerio de Capital Humano, que actualmente gestiona el Programa Potenciar Trabajo, que suspenda los planes involucrados, sin perjuicio de un reempadronamiento con previa citación y acreditación de los extremos legales del Programa” para “hacer cesar los efectos del delito procediendo a la suspensión y/o baja de estos beneficios percibidos en clara transgresión a la normativa y al espíritu perseguido por el Estado Nacional al momento de su creación”.
El fiscal comenzó con los primeros datos en noviembre pasado y los datos no dejan de acumularse. La provincia de Tucumán registra 1.145 empleados que cobran el Potenciar Trabajo; La Rioja, 1.060 -divididos en 303 de planta permanente y 757 contratados-; Jujuy, 652; Corrientes, 518; Salta, 434; Río Negro, 198; Córdoba, 194; Formosa, 180; Santa Cruz, 128; CABA, 231; Santa Fe, 350; San Juan, 109; Mendoza, 173; Neuquén, 343; San Luis, 43; Entre Ríos, 106; Chaco, 336; y Misiones, 321.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ya dio de baja a 4.588 de esos beneficiarios y ahora estudia los últimos entrecruzamientos de datos que, en base a la orden de Marijuan, se realizó mediante el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada y Pettovello a Capital Humano, el Gobierno dio de baja a 36.249 beneficiarios del principal programa social junto al alimentario.
Es importante destacar que el Ing. Ricardo Villada, ministro de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, explicó por Profesional FM, los primeros días del 2024 que la provincia se encuentra trabajando en el entrecruzamiento de datos solicitados e hizo referencia a que muchos de los incluidos en la lista no estaban en relación de dependencia, sino que eran personas contratadas. Además de otros casos en los que existían implicados que habían cobrado primero y luego ingresado a la administración pública.
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