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La AFIP refuerza su control sobre las transferencias bancarias superiores a $125.000, extendiendo su supervisión incluso al ámbito del home banking.
Actualidad01/05/2024La Administración Federal de Ingresos Públicos incrementó su vigilancia sobre las transferencias electrónicas que superan los $125.000 en Argentina, extendiendo su alcance hasta el home banking, donde el límite se eleva a $250.000 según las normativas del Banco Central. Esta medida responde a la creciente importancia de las transacciones electrónicas en el panorama financiero y busca prevenir actividades financieras ilícitas, como el lavado de dinero y la evasión fiscal.
La intensificación del escrutinio de la AFIP sobre las transferencias de montos considerables tiene como objetivo comprender la naturaleza y el propósito de estas transacciones, así como detectar posibles actividades ilícitas. Esto incluye investigaciones sobre el origen y destino de los fondos, tanto en cuentas bancarias como en plataformas financieras alternativas como billeteras virtuales.
La falta de documentación que justifique el origen de los fondos en una transferencia puede acarrear diversas consecuencias. Para los contribuyentes, esto puede resultar en sanciones, multas e incluso recategorizaciones si la transferencia excede los límites establecidos por el monotributo o el régimen general. En el caso de personas no registradas, el banco puede retener o rechazar la transferencia y elaborar un Reporte de Operación Sospechosa ante la Unidad de Información Financiera.
Para evitar problemas, es importante poder documentar el origen de los fondos mediante recibos de sueldo, facturación, certificados de fondos emitidos por contadores públicos, entre otros documentos. En caso de recibir una transferencia por error o de gran cantidad, es fundamental informar al banco para evitar complicaciones futuras.
La AFIP, en su constante búsqueda de transparencia y cumplimiento fiscal, enfatiza la importancia de cooperar plenamente con las regulaciones establecidas y proporcionar la documentación necesaria para respaldar las transacciones financieras.
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En marzo de 2024, el diputado provincial por Metán, Gustavo Dantur, ya había anticipado las implicancias de la privatización del Banco Nación, una medida que se concretó con el decreto de Javier Milei. En su discurso de marzo de 2024, el legislador no solo cuestionó la reforma del banco, sino también los posibles cierres de sucursales y los despidos que traerían consigo, destacando la importancia de defender el patrimonio público y las fuentes de trabajo.
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