Desde el 1° de julio, los argentinos sufrirán subas en los precios de los combustibles y las tarifas energéticas, con ajustes en nafta, gasoil y servicios eléctricos y de gas.
Actualidad 27/06/2024
Por Expresión del Sur
A partir del lunes 1° de julio, los argentinos verán aumentos en los precios de combustibles como la nafta y el gasoil, así como en las tarifas de energía eléctrica y gas natural en varias regiones del país. Estos aumentos se deben en parte a la devaluación mensual del peso frente al dólar y la necesidad de incrementar la recaudación fiscal.
Desde las primeras horas del lunes próximo, los precios de la nafta y el gasoil subirán más del 2%, reflejando el impacto de la devaluación mensual del peso argentino en relación con el dólar estadounidense. Adicionalmente, el gobierno ha decidido incrementar los impuestos sobre los combustibles, específicamente el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), según lo estipulado en el Decreto 466/2024.
El aumento implicará una remarcación de $114,15 por litro de nafta y $91,89 por litro de gasoil. Este ajuste podría ser diferido o dividido en cuotas, como ha ocurrido anteriormente en el año, lo que reduciría el impacto inmediato sobre los consumidores. Sin embargo, en caso de implementarse completamente, los precios de la nafta súper, que actualmente se sitúan en $905 por litro en la Ciudad de Buenos Aires, podrían subir hasta un 12,5%, mientras que el gasoil, que cuesta $941 por litro, podría incrementarse en un 10%.
Estas medidas se enmarcan en un intento por parte del gobierno de aumentar los ingresos fiscales. Entre enero y mayo de 2024, la recaudación de los impuestos a los combustibles alcanzó los $525.858 millones, lo que representa un incremento del 192,2% en comparación con el mismo periodo de 2023. Con estos nuevos ajustes, el gobierno espera sumar ingresos equivalentes a unos 0,5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), aproximadamente 3.000 millones de dólares, representando el 10% del ajuste fiscal que el presidente Javier Milei ha planeado para este año.
El Ministerio de Economía y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) están trabajando en un esquema para dividir el impacto de estos aumentos en varios meses, con el objetivo de evitar un efecto abrupto sobre la inflación y al mismo tiempo sostener la recaudación fiscal. La estrategia busca equilibrar la necesidad de aumentar los ingresos fiscales sin exacerbar las presiones inflacionarias.
Las petroleras, por su parte, también enfrentan un desafío adicional. Observan que existe una brecha del 11% al 13% entre los precios locales de los combustibles y los precios de paridad de exportación. Con la implementación progresiva de los aumentos y en la medida que la inflación desacelere, las empresas del sector buscarán recomponer estos márgenes para alcanzar un equilibrio más sostenible hacia finales de año (algo que originalmente esperaban alcanzar en marzo).
Además de los combustibles, las tarifas de energía eléctrica y gas natural también verán incrementos a partir de julio. Las empresas que prestan servicios públicos regulados de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, como Edenor, Edesur, Transener, Metrogas, Naturgy, Camuzzi, TGS y TGN, entre otras, ajustarán sus tarifas para reflejar los costos actuales y futuros de operación.
El transporte y la distribución representan entre el 40% y el 50% del costo final de las facturas que pagan los hogares. Estos componentes habían visto suspendida su actualización en mayo y junio, pero desde julio, el gobierno aplicará una nueva fórmula de ajuste que se basará en la inflación futura esperada, en lugar de la inflación pasada.
El Ministro de Economía, Luis Caputo, deberá definir cuál será el indicador utilizado para estimar la evolución de los precios, considerando opciones como el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) o una meta de inflación mensual específica. Si la inflación esperada para julio se sitúa en un 4%, las facturas de los usuarios podrían aumentar aproximadamente un 2%.
El gobierno de Javier Milei intenta equilibrar la necesidad de ajuste fiscal con las presiones inflacionarias y las demandas sociales. Los aumentos en los precios de combustibles y tarifas energéticas son parte de un esfuerzo más amplio por mejorar la recaudación fiscal y reducir el déficit presupuestario. La recaudación fiscal es crucial para la estrategia del gobierno, especialmente en un año en que se espera sumar ingresos adicionales equivalentes al 0,5% del PIB.
Los aumentos en los precios de los combustibles y las tarifas de energía tendrán un impacto directo en los consumidores, quienes ya enfrentan un contexto económico complicado. La inflación ha sido una preocupación persistente en Argentina, y estos ajustes en los precios de bienes y servicios esenciales podrían agravar la situación.
Adicionalmente, el gobierno está evaluando un posible ajuste en las tarifas de colectivos, que han permanecido congeladas desde febrero. Este congelamiento ha generado una acumulación de costos no transferidos a los usuarios, y ahora se discute la posibilidad de un aumento máximo del 71,9%, correspondiente a la inflación acumulada en los primeros cinco meses de 2024.
La tarifa de agua aumentará un 50% a partir de julio en 94 ciudades de la provincia de Buenos Aires, que cuentan con la provisión del servicio por parte de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA). Los aumentos de AySA, que provee el servicio en el conurbano, corren por otro carril.
El incremento completa la actualización tarifaria del 250% propuesta por la empresa y autorizada por el gobierno provincial a finales de abril, que fue repartida en dos tramos, aplicándose la primera suba del 200% en las facturas de mayo y la segunda del 50% en julio.
El nuevo ajuste en las boletas de agua, que abarca tanto al servicio medido como al no medido, llevará el valor del módulo o metro cúbico a $72,54, De esta manera, la factura promedio será de $3.656,62 mensuales. Sin embargo, una propiedad valuada entre $150.000 y $200.000 abonará $6.819 por ambos servicios.
En esta segunda etapa de ajuste tarifario, “el 47,4% de los usuarios tendrán un aumento de menos de $1.000 mensuales, el 41,5% de entre $1.001 y $2.000, el 8,7% de entre $2.001 y $3.000, y el 2,4% de más de $3.000″, según precisaron desde ABSA.
Antes de la primera suba, el valor del módulo o metro cúbico estaba en $16,12, pasando a $48,36 en mayo y alcanzando los $72,54 a partir del mes que viene, para completar el incremento del 250% dispuesto para los valores de las boletas de agua.
Los nuevos valores alcanzarán a más de 845 mil usuarios de 94 localidades de la provincia de Buenos Aires, ubicados en 62 municipios en los que tiene injerencia la empresa, entre los que se encuentran La Plata, Bahía Blanca, Campana, Cañuelas, Chivilcoy, 9 de Julio, Ayacucho, Alejandro Korn, Marcos Paz, San Vicente, Villa Gesell y Lincoln.
En el conurbano, el servicio lo presta AySA, que también aumentó sus tarifas en abril un 209%. Así, la factura promedio sin impuestos pasó de $5.290 a $16.300. Según se anunció al momento de aplicar el incremento, las tarifas tendrán desde junio “ajustes mensuales a fin de mantener el nivel real tarifario considerando la evolución de los salarios y los precios”, por lo que se espera que pronto se informe otra actualización.
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