
Río Piedras: un hombre fue imputado por abuso sexual agravado contra una menor
La actuación se originó a partir de una denuncia radicada por un familiar de la víctima.

La Unidad Fiscal solicitó la detención del juez Claudio Parisi, el intendente de Aguas Blancas Carlos Alfredo Martínez y el abogado Roberto Ortega Serrano, acusándolos de entorpecer una investigación y de violar secretos judiciales.
Judiciales24/09/2024
Por Expresión del Sur
En el marco de una investigación en curso, la Unidad Fiscal, compuesta por los fiscales Mariana Torres, Carlos Salinas y Alda Daniela Murúa, solicitó la detención del juez Claudio Parisi, del intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez, y del abogado Roberto Ortega Serrano. Este pedido fue elevado al juez de Garantías Raúl López debido a la inhibición del juez Francisco Oyarzú para continuar con la causa.


La solicitud de detención se basa en el presunto entorpecimiento de la investigación por parte de los mencionados, quienes habrían facilitado el acceso indebido del abogado Ortega a un expediente que tramitaba el juez Parisi. Además, se alegó que Parisi comunicó a Martínez, a través de mensajes de WhatsApp, que la Fiscalía tenía intenciones de allanar sus domicilios, lo que frustró las acciones de investigación.
Asimismo, la Unidad Fiscal requirió la autorización de la Corte de Justicia de Salta para proceder con el allanamiento en la vivienda del juez Parisi. Esta medida es fundamental para secuestrar elementos que podrían ser cruciales para el avance de la investigación. La intervención de la Corte es necesaria debido a los privilegios constitucionales que protegen al magistrado, quien enfrenta imputaciones por violación de secretos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y entorpecimiento de un acto funcional.
Hasta el momento, los pedidos de detención y los allanamientos solicitados aún no han sido resueltos por las autoridades judiciales, lo que mantiene la tensión en el ámbito institucional de Aguas Blancas.

La actuación se originó a partir de una denuncia radicada por un familiar de la víctima.

El acusado admitió su responsabilidad antes del inicio del juicio y recibió una pena de 10 años y 6 meses de cárcel efectiva. Los hechos ocurrieron entre 2020 y 2023 y tuvieron como víctimas a menores de entre 7 y 16 años en distintos barrios de la capital salteña.

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