


Una limpieza inédita en Educación: decisión política por los postítulos truchos
José Alberto Coria
Lo que está ocurriendo en el sistema educativo salteño excede largamente una investigación administrativa o judicial. Para muchos, se trata de una señal política clara y poco frecuente: por primera vez existe una voluntad real de avanzar contra prácticas irregulares que durante años fueron toleradas, minimizadas o directamente tapadas.
La decisión de poner bajo la lupa los postítulos utilizados para sumar puntaje docente marca un antes y un después en un área extremadamente sensible como el Ministerio de Educación. Y no es un dato menor que esta determinación cuente con el aval del gobernador Gustavo Sáenz y de la ministra de Educación, Cristina Fiore, quienes dieron luz verde para que el proceso avance, sin atajos ni especulaciones.
Una demanda social que venía creciendo
En la sociedad actual hay un reclamo cada vez más fuerte y transversal: que las cosas cambien, que se termine la trampa, los acomodos y el “mirar para otro lado” para que todo siga igual. En ese contexto, el escándalo de los postítulos truchos funciona como un espejo incómodo de prácticas que perjudicaron durante años a quienes hacen las cosas bien.


Porque mientras algunos “pícaros”, conocedores del sistema, encontraban atajos para escalar en los listados, miles de jóvenes y docentes se esforzaban genuinamente: viajaban, invertían dinero, cursaban durante años y apostaban a la formación real para sumar puntos. Sin embargo, muchas veces quedaban relegados, fuera del cuadro, viendo cómo otros los superaban con ventajas irregulares.
Un mensaje político hacia adentro del sistema
El avance de la investigación envía un mensaje contundente hacia todo el sistema educativo: ya no todo vale. No se trata solo de detectar irregularidades, sino de recuperar el sentido del mérito, de la formación auténtica y del esfuerzo sostenido.
En ese marco, desde el propio Gobierno provincial remarcan que la decisión no busca “cazar brujas”, sino ordenar, transparentar y hacer justicia, respetando el debido proceso y analizando cada situación de manera individual.
Justicia, no revancha
El desafío ahora es que el proceso llegue hasta el final. Que se determinen responsabilidades donde corresponda, pero también que se contemple la situación de quienes pudieron haber sido engañados o estafados por estructuras que ofrecían títulos irregulares como si fueran válidos.
Reconocer la decisión política de avanzar es necesario. Sostenerla en el tiempo, aún cuando incomode, es lo que marcará la diferencia. La sociedad no pide gestos: pide resultados. Pide reglas claras, igualdad de oportunidades y un sistema educativo donde el esfuerzo vuelva a valer.
El camino recién empieza. Y la expectativa es clara: que esta vez, la limpieza no quede a mitad de camino y que, finalmente, se haga justicia.


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