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La concejal Ana Soledad García Mendoza detalló que la ordenanza busca una solución a fondo con un trabajo intersectoral con el “estado presente”.
Defensa del Consumidor constató infracciones en la oficina de Edesa en J.V. González tras una inspección realizada por los constantes cortes de luz. La delegada Vanina Castaño advirtió que la empresa podría enfrentar sanciones si no responde a los reclamos y aplica correctamente el beneficio de "zona cálida".
Interés General17/01/2025En respuesta al malestar de los usuarios por las interrupciones del servicio eléctrico, la Delegación de Defensa del Consumidor de Joaquín V. González realizó una inspección en la oficina comercial de Edesa, ubicada en esta ciudad cabecera de Anta.
Esta medida tuvo como objetivo verificar el cumplimiento de la Ley Provincial 7800, que regula la prestación de servicios públicos esenciales en la provincia de Salta.
Una inspección es una verificación oficial realizada por una autoridad competente para constatar si una empresa o entidad cumple con las normativas vigentes. En este caso, se revisaron los procedimientos de Edesa respecto al servicio eléctrico, los reclamos de usuarios y la aplicación de beneficios específicos para la región.
La Ley Provincial 7800 regula las condiciones en que deben operar los prestadores de servicios públicos esenciales en Salta, como el suministro eléctrico. Entre otras disposiciones, obliga a las empresas a garantizar el servicio continuo y a brindar respuestas claras a los reclamos de los usuarios.
La delegada Vanina Castaño informó a través de sus redes sociales, que se detectaron infracciones en la oficina de Edesa, por lo que se labró un acta oficial. Además, presentó un pedido de informe para que la empresa explique:
Castaño advirtió que, de no cumplir con las normativas, la empresa podría enfrentarse a sanciones según lo establecido en la Ley Nacional 24.240 de Defensa del Consumidor.
Este tipo de acciones buscan garantizar que los derechos de los usuarios sean respetados y que las empresas cumplan con sus obligaciones.
La concejal Ana Soledad García Mendoza detalló que la ordenanza busca una solución a fondo con un trabajo intersectoral con el “estado presente”.
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