En el marco de la construcción del cerco perimetral en Aguas Blancas, el diputado provincial Gustavo Orozco encendió la polémica al cuestionar la reacción de Bolivia frente a la medida, generando un fuerte debate sobre la seguridad y el control fronterizo en el norte de Salta.
Actualidad31/01/2025
Por Expresión del Sur
En el marco de la construcción del cerco perimetral en Aguas Blancas, el diputado provincial Gustavo Orozco respaldó la medida, subrayando su importancia para mejorar la seguridad, regularizar el comercio y fortalecer el control fronterizo en el norte de Salta. Según Orozco, esta acción será fundamental para frenar el contrabando y la migración irregular, reforzando la presencia del Estado en la región. El legislador también repudió la reacción negativa de Bolivia ante la decisión, afirmando que "Los bolivianos, antes de quejarse del alambrado, deben dejar de fabricar cocaína y envenenar a nuestro país". Insistió en que el bienestar y la tranquilidad de los ciudadanos deben ser prioridad.
Con su experiencia en el ámbito de la seguridad, derivada de su pasado como jefe de la División Brigada de Investigaciones en Rosario de la Frontera, subrayó la necesidad de la medida, en particular del cierre parcial de pasos informales, para controlar el flujo de personas y mercaderías. Además, destacó que el cerco permitirá una mayor organización del comercio y evitará actividades ilícitas que afectan negativamente a la economía local.
La infraestructura del cerco incluirá postes de hormigón armado cada cuatro metros, con puntales de refuerzo, y se reforzará con alambre de acero calibre 14 y alambre de púas en la parte superior. Además, contará con un zócalo de hormigón y tres accesos exclusivos para las fuerzas de seguridad, lo que permitirá un control más riguroso de la zona. La construcción, que comenzará en breve, se llevará a cabo en un plazo de 60 días mediante el proceso de Adjudicación Simple bajo la modalidad de Ajuste Alzado.
El gobernador Gustavo Sáenz también reafirmó su compromiso con la seguridad en la región, señalando que la reducción de vías ilegales beneficiará tanto la economía local como la tranquilidad de los habitantes. “Esta medida responde a la demanda de los ciudadanos y de los sectores productivos que buscan mayor orden y seguridad en la frontera”, declaró Sáenz.
La medida alcanza a unidades de los años 2011 y 2012 en el área metropolitana y el interior provincial. También se mantienen vigentes los plazos para vehículos 2013 y 2014.
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