Desaparición, silencio y vergüenza judicial: el caso María Cash otra vez sin rumbo

En una resolución de 429 páginas, la jueza federal de Salta, Mariela Giménez, dictó el sobreseimiento total y definitivo del camionero Héctor Antonio Romero, de 72 años, quien estaba imputado por la desaparición de María Cash, ocurrida en julio de 2011. En su fallo, la magistrada cuestionó severamente el accionar del fiscal federal Eduardo Villalba, titular de la Fiscalía N.º 2, y desestimó todos los elementos presentados para sustentar la acusación.

Romero había sido detenido a fines del año pasado, acusado de haber levantado a la joven en la ruta nacional 34 y de haberla asesinado, ocultando luego su cuerpo. La hipótesis fiscal sostenía que el acusado habría intentado abusar sexualmente de la joven diseñadora, y que, ante su resistencia, la mató y se deshizo del cadáver. Sin embargo, la jueza entendió que no existían pruebas concretas para llevar al imputado a juicio, y lo desvinculó de manera definitiva del expediente.

Uno de los aspectos más llamativos del fallo fue el rechazo categórico a los argumentos esgrimidos por la fiscalía en torno a la supuesta “ludopatía” del acusado. El fiscal Villalba había incluido un extenso apartado sobre las apuestas que Romero realizaba en la tómbola salteña y jujeña, interpretando que los números elegidos guardaban relación con el caso.

En su presentación, el fiscal señaló que Romero realizó al menos 41 comunicaciones a agencias de juego y mencionó cifras como el 73 (hospital), el 48 (muerto que habla), el 94 (cementerio), el 21 (mujer), el 77 (piernas), el 16 (anillo), entre otros, los cuales —según el Ministerio Público— podían vincularse con datos del expediente. Incluso se mencionó que el acusado habría confundido a María Cash con una trabajadora sexual por haber apostado al número 3221, que en la jerga popular remitiría a “dinero y mujer”.

La jueza Giménez calificó este enfoque como “completamente inválido y arbitrario”. En uno de los tramos más duros del fallo, expresó: “La afirmación de que una persona es sospechosa de homicidio basándose en sus preferencias de números al jugar juegos de azar carece de todo sustento lógico, científico y legal. Es una inferencia completamente inválida, pues demuestra una falta absoluta de conexión causal”.

Y agregó: “Asumir que una preferencia en un juego de azar puede predecir una conducta criminal es una generalización burda y peligrosa”.

Además de descartar este elemento, la jueza cuestionó otros indicios utilizados por la fiscalía, como escuchas telefónicas, análisis de antenas, supuestas contradicciones en los relatos del imputado y testimonios de testigos. En todos los casos, concluyó que no alcanzaban el estándar mínimo exigido por la ley para sostener una acusación penal. Por ello, dictó el sobreseimiento definitivo de Romero conforme al artículo 336, inciso 4.º del Código Procesal Penal de la Nación.

El fiscal Villalba ya anticipó que apelará la decisión. En declaraciones a medios locales, expresó: “No estamos de acuerdo con lo resuelto porque se ha sustentado en una interpretación errónea de las pruebas. Esta decisión impide avanzar hacia un juicio oral en el que podría conocerse la verdad”.

La familia de María Cash también se mostró disconforme. Su hermano, Máximo Cash, consideró el fallo como “una falta total de respeto” y lamentó que la causa vuelva a quedar sin avances.

María Cash desapareció el 8 de julio de 2011 mientras viajaba desde Buenos Aires a Jujuy haciendo dedo. Fue vista por última vez en la zona de General Güemes, en Salta. Su caso generó una intensa búsqueda a nivel nacional e internacional, sin resultados concretos hasta la fecha.

Romero fue la última persona que admitió haber tenido contacto con ella, cuando la llevó en su camión desde Torzalito hasta Palomitas. En su defensa, el transportista —enfermo de cáncer de páncreas en etapa terminal— sostuvo que la dejó en una parada y no volvió a verla. En su declaración indagatoria negó todas las acusaciones y afirmó no tener nada que ocultar.

Con esta resolución judicial, la causa sigue abierta pero sin imputados activos. La jueza Giménez dejó constancia de que podrían reorientarse las líneas investigativas, aunque por ahora no existen elementos firmes para avanzar en otro sentido.