

En pleno ajuste, el ENTE lanza un bono energético para jubilados salteños
El Ente Regulador otorgará un crédito mensual de hasta 120 kWh durante junio, julio y agosto. Apunta a los sectores más vulnerables, que ya no pueden afrontar las facturas por el alza de tarifas y la caída del poder adquisitivo.
Interés General04/06/2025
José Alberto Coria
Mientras los aumentos de tarifas siguen golpeando fuerte a los sectores más vulnerables, el Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta lanzó el Bono Energético Invernal, un beneficio excepcional destinado a jubilados y pensionados de bajos ingresos, que se aplicará en junio, julio y agosto de 2025.


La medida otorgará un crédito mensual de hasta 120 kilovatios-hora (kWh) en el consumo eléctrico de los beneficiarios, con el objetivo de mitigar el impacto del invierno y de los duros efectos que dejaron la inflación acumulada del 578,3% en 2023-2024, la quita de subsidios nacionales y la suba sostenida del precio de la energía.
El bono solo podrá ser solicitado por quienes cumplan ciertos requisitos: ingresos que no superen el haber mínimo jubilatorio (hoy en $304.723,93), titularidad de un único servicio eléctrico residencial y no poseer inmuebles adicionales, autos de menos de 5 años ni acceder a otros regímenes de subsidios provinciales. Tampoco podrán recibirlo usuarios de barrios cerrados o quienes evidencien una solvencia económica incompatible.
Para acceder al beneficio, los interesados deberán presentar:
- Último recibo de haberes emitido por ANSES
- DNI
- Última factura de electricidad a su nombre
La documentación tendrá carácter de declaración jurada, y el Ente podrá realizar auditorías para verificar su veracidad. Una vez aprobado, el beneficio se aplicará automáticamente en las facturas durante los tres meses de vigencia.
Este bono se suma a otras ayudas existentes, como la tarifa social, los subsidios para electrodependientes y bonificaciones para zonas cálidas, aunque en este caso se financia con fondos del Fondo Compensador Tarifario (FCT).
La iniciativa marca una diferencia en tiempos donde la mayoría de las políticas nacionales van en dirección contraria, y refuerza el rol del Estado provincial en garantizar el acceso a los servicios públicos esenciales para quienes más lo necesitan.


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